La discusión de los retos y gastos portuarios ante la Cámara de Representantes estuvo enmarcada en la Resolución de la Cámara 195.

La reciente decisión de Tote Maritime de incrementar la tarifa por contenedor de $425 a $485, efectiva desde el 8 de diciembre, ha encendido las alarmas en el sector portuario de Puerto Rico. 

Ante esto, la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos, presidida por el representante José F. Aponte Hernández, celebró una vista pública para investigar los aumentos en los muelles de Puerto Nuevo y San Juan.

Durante la audiencia, dos de las empresas navieras que operan en la Isla pusieron sobre la mesa necesidades de la infraestructura portuaria, de acción gubernamental y los costos asociados a su mantenimiento, para evitar que los precios continúen impactando en los bolsillos de los puertorriqueños.

María Caraballo, presidenta de International Public Terminal (IPT), detalló que las empresas deben afrontar gastos significativos, para la adquisición de grúas portuarias, entre otros, cuyo costo individual oscila entre $15 y $20 millones.

Asimismo, se integran otros gastos relacionados con el escaneo de contenedores, implementado en 2016.

De acuerdo con José Nazario, gerente general de Crowley Puerto Rico Services, cada escaneo cuesta $69 por contenedor, más cargos administrativos de $5, que suman $74. Costo que las navieras trasladan a sus clientes. 

Crowley, que opera en el puerto de Isla Grande bajo un contrato de 30 años, asegura que sus tarifas están reguladas por el Surface Transportation Board (STB), negociadas con los clientes y publicadas periódicamente. Sin embargo, su último aumento fue hace dos años, mientras que los incrementos de Tote Maritime y Puerto Nuevo Terminals han sido más recientes y menos transparentes.

Urgen acción del gobierno

 Caraballo enfatizó que el cierre de algunos muelles y la falta de espacio en otros hace urgente que el gobierno priorice las mejoras necesarias, como el dragado de canales, la inspección de tabla y la pavimentación de áreas operacionales clave.

Por su parte, Nazario, manifestó su preocupación por el lento avance de la remodelación multimillonaria en el puerto de San Juan, a pesar de que algunas tarifas cobradas por la Autoridad de los Puertos, como la cuota de atraque, se destinan a este proyecto. 

“Son las compañías marítimas las que tienen que invertir en sus terminales subiendo los costos de los operadores. Entonces, no nos permiten bajar las tarifas porque tenemos que invertir en la infraestructura de los muelles”, señaló Nazario, quien preside la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

Las expresiones del directivo surgen luego de que la Autoridad de los Puertos informara la aprobación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de un presupuesto de $40 millones para la restauración de muelles y aeropuertos en toda la Isla. 

“Queremos crear una alternativa competitiva, pero el panorama casi lo imposibilita”, denunció Caraballo, quien cuenta con 36 años en la industria naviera.

Subrayó además el efecto negativo de la situación oligopólica que domina el mercado portuario tras la salida de International Shipping Agency en 2016 y la fusión de Puerto Rico Terminal con Luis Ayala Colón. 

Caraballo diferenció el modelo de estibadores, como IPT, que prestan servicios de carga y descarga, de las navieras con barcos propios, como Crowley, que operan bajo contratos diferentes. IPT mantiene acuerdos con compañías marítimas internacionales y nacionales tanto en San Juan como en Ponce, pero la estructura de mercado limita su capacidad de competir.

En el caso de Crowley, Nazario aclaró que sus tarifas contractuales con clientes son confidenciales, mientras que las tarifas abiertas, para clientes sin contrato, están reguladas por la STB. 

Cabe destacar que a estas vistas públicas también se convocó a las empresas Tote Maritime, así como Luis Ayala Colón Sucrs, Puerto Nuevo Terminal y Puerto Rico Terminal, las cuales solicitaron una prórroga hasta el 12 de enero de 2026. 

El representante Aponte Hernández hizo constar que las compañías serán convocadas nuevamente y tendrán hasta el 17 de diciembre para enviar sus ponencias.

“Le reiteramos que la obligación de someter la información solicitada a través de una ponencia es un requisito independiente al de la comparecencia a declarar. La mora o inobservancia a cualquiera de ambos se considerará como un incumplimiento con todos los fines reglamentarios”, señaló.

El legislador aclaró además que “pretendemos que el pueblo de Puerto Rico conozca cuál es la situación real en la estructura tarifaria en los puertos, porque de momento vemos cuando se sube un flete de un servicio portuario y cómo nos toca en el bolsillo, pero no vemos nunca cómo se pueden bajar costos”, concluyó.

Las audiencias públicas continuarán hoy, miércoles, con la Autoridad de los Puertos, Departamento de Justicia, Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.