La Casa Blanca ordena revertir los beneficios emitidos por orden judicial, dejando a millones en el aire y a los estados contra la pared.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó a los estados de Estados Unidos revertir los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) efectuados la semana pasada por orden judicial, luego de que el Tribunal Supremo suspendiera las resoluciones que habían autorizado su desembolso.
La movida federal, considerada por varios gobernadores como una “bofetada legal y humanitaria”, amenaza con dejar en el limbo a millones de familias que dependen de este programa para alimentarse.
La instrucción fue emitida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que en una comunicación oficial a los directores estatales del programa calificó los desembolsos como “no autorizados” y exigió que “se deshaga de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025”.
La orden, que llega en plena temporada festiva y en un contexto de inflación alta, provocó un terremoto administrativo en más de 20 estados que ya habían liberado los fondos.
Las advertencias no tardaron en llegar.
Gobiernos estatales alertaron sobre posibles “interrupciones operativas catastróficas” si el gobierno federal se niega a reembolsar los pagos ya emitidos. En documentos judiciales, varias jurisdicciones estimaron que la medida podría desencadenar demandas masivas, dejar sin pago a miles de proveedores y generar pérdidas que superarían los cientos de millones de dólares.
“La operatividad de los estados quedaría en riesgo, con la consiguiente repercusión negativa para sus residentes”, detalla una demanda colectiva presentada el sábado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Los demandantes incluyen a organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas, quienes habían logrado, apenas una semana antes, que tribunales inferiores obligaran al gobierno federal a mantener el programa.
Sin embargo, la Casa Blanca apeló y consiguió que el Supremo suspendiera temporalmente esas resoluciones. A pesar de que los estados ya habían comenzado a procesar los pagos, el Departamento del Tesoro detuvo los reembolsos, agravando la crisis de liquidez en las agencias estatales.
Uno de los estados más golpeados por el vaivén legal ha sido Wisconsin, cuyo gobernador demócrata, Tony Evers, anunció que no cumplirá con la instrucción federal. Su administración cargó beneficios en las tarjetas de 700,000 residentes —entre ellos unos 270,000 niños— amparada en una orden judicial vigente.
“De conformidad con la ley, Wisconsin distribuyó los beneficios del SNAP de manera legal y transparente”, sostuvo Evers en declaraciones escritas.
“Garantizamos que las familias tuvieran acceso a alimentos básicos. Ahora, la administración federal pretende que revirtamos ese proceso sin proveer los fondos que prometieron. No lo vamos a hacer”.
El mandatario recordó que, tras las órdenes judiciales iniciales, la administración Trump había asegurado a los estados que “estaba trabajando activamente para implementar los beneficios completos de noviembre” y que completaría los trámites para liberar los fondos.
“Hasta la fecha, no lo han hecho”, puntualizó.
El SNAP es el principal programa federal de asistencia alimentaria en Estados Unidos, beneficiando a cerca de 42 millones de personas, incluyendo familias con niños, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos.
La incertidumbre domina en las oficinas estatales del SNAP. Algunos estados evalúan cómo responder al mandato sin violar sus propias leyes presupuestarias, mientras otros estudian desafiarlo abiertamente.
Fuentes citadas por otros medios locales aseguran que, si el Tesoro no libera los reembolsos, varios gobiernos podrían quedarse sin fondos a partir del lunes.
“Los proveedores dejarán de recibir pago, los sistemas colapsarán y las familias perderán confianza en el programa”, advirtió un administrador estatal bajo condición de anonimato.
El conflicto marca otro capítulo de tensión entre la administración Trump y los gobiernos locales.
Así las cosas, En el centro del debate, millones de familias esperan una decisión definitiva que determine si podrán seguir contando con los beneficios del SNAP en las próximas semanas.
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