Cuatro años después de que la Junta defendiera el otorgamiento del contrato de LUMA, no ha cambiado el cuadro que dijeron querían cambiar.

La carta con la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) intentó mediar públicamente en la guerra de imputaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y LUMA Energy LLC deja en entredicho la eficiencia del Departamento de la Vivienda (DV) y de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 en inglés) en el manejo de fondos federales.

El punto en que se menciona a estas agencias es en la discusión sobre cuánto la falta de liquidez del operador privado tiene que ver con si ha sido eficiente procurando reembolso de fondos federales que están disponibles para trabajo de reconstrucción.

Por un lado, el gobierno ha presentado como una falla de LUMA el que se representó como un perito en manejo de fondos federales cuando compitió por el contrato de operación, pero ha conseguido consistentemente menos reembolsos de los que ha podido tramitar la propia AEE, aún con su personal y presupuesto más reducido.

En la comunicación del 22 de julio pasado con la que el director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón Ortiz, notificó formalmente las disputas contractuales a LUMA, se indicó que el operador privado sólo había tramitado $345 millones en reembolsos federales, en comparación con los $1,300 millones que tramitó la AEE. Remata señalando que la corporación pública tuvo que sacar de sus reembolsos para darle dinero al operador.

LUMA no ha atendido esta imputación en detalle. En los materiales que publicaron como respuesta a la carta del 22 de julio, hay una carta de junio en la que le dicen a la AAPP que unilateralmente daban por concluido un esfuerzo de examen de estos reembolsos que estaba llevando a cabo el consultor del gobierno, Kevane Grant Thorton, porque, como no era una auditoría, no estaban obligados por contrato a seguir participando. Tras la carta de la Junta, el operador dijo que. «hasta la fecha, LUMA ha podido invertir más de $2,100 millones en fondos federales y ha simplificado los procesos internos de reembolso a través de la recientemente creada Oficina de Fondos Federales».

En su carta, la Junta no ofreció detalles sobre esta controversia, excepto precisar que hay $745 millones que siguen sin reembolsar en el DV y la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). Pero amplió la responsabilidad más allá de LUMA.

“Esto no es un proceso aislado, reflejan una falla sistémica en múltiples entidades, incluyendo LUMA, FEMA, COR3, AEE y Vivienda, movido por ineficiencias en el proceso y falta de coordinación”, adjudicaron, al observar que hay falta de información sobre este punto, aún cuando se trata de uno medular que impacta la discusión central sobre si las cuentas de operación de LUMA mantienen niveles adecuados.

La estadística en el portal de transparencia respalda esta conclusión. En los primeros nueve meses de la Administración González Colón, COR3 ha tramitado $476 millones en desembolsos para proyectos en el sector de energía. En apenas los últimos tres meses de la Administración Pierluisi Urrutia, sin embargo, los desembolsos sumaron $868.8 millones para este sector.

La Junta también salpicó a otras agencias públicas al puntualizar que tienen deuda de servicio eléctrico por $83 millones y que, si pagaran, la liquidez de LUMA mejoraría.

Pero, igual que en los otros puntos de discordia que la Junta discute en su carta del lunes en la noche, el ente fiscal no ofrece ninguna solución concreta ni da alguna orden para resolver los impases, más allá de recabar la cooperación de las partes.

El director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, no estuvo disponible ayer para entrevista sobre este tema.

En 2021, los siete miembros que tenía la Junta, grupo que incluye a los cuatro que tiene ahora, publicaron una columna apoyando la otorgación del contrato a LUMA.

Al decirle al exlíder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, que el pueblo de Puerto Rico estaba mejor con un operador privado como LUMA en vez de con una corporación pública, como la AEE, el ente fiscal planteó que el privado tenía en su contrato incentivos para mejorar el servico, mientras que el público no tenía ninguno.

“La realidad sin LUMA es la siguiente: si queremos electricidad confiable, debemos mantener un generador en nuestro patio, listo para encender en cualquier momento… cada aguacero es un problema para la AEE, ya que la falta de mantenimiento provoca que las ramas y árboles caídos alrededor de las líneas eléctricas causen daños a la red… imagine lo que LUMA hará para reducir los apagones y mejorar el servicio al cliente, simplemente porque está contractualmente obligada a hacerlo y su salario se basa, en parte, en lo bien que mejora el servicio y la confiabilidad bajo las métricas establecidas, no por LUMA, sino por el Negociado de Energía”, escribieron hace cuatro años sobre circunstancias que todavía se repiten y sobre una promesa que sigue siendo promesa.