Entre ellos hay personas consideradas presos políticos.

LA HABANA — El Gobierno cubano inició este miércoles el proceso gradual de excarcelación de reclusos que anunció la víspera tras la decisión de Washington de excluir a La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Entre ellos hay personas consideradas presos políticos.

Desde primera hora de la mañana han ido abandonando distintos centros penitenciarios del país, por cuentagotas, distintos presos políticos, según han podido comprobar directamente EFE y han confirmado activistas y ONG. No hay datos oficiales, pero se trata de al menos una quincena larga de personas.

Entre ellos no se encuentran por el momento los reclusos más conocidos a nivel internacional -como los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro o los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, calificados de presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Sin embargo, sí que entre los excarcelados hay activistas y personas que fueron condenadas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores de Cuba en décadas.

Según Justicia 11J y Prisoners Defenders, las dos ONG con los registros más completos sobre presos por motivos políticos en Cuba, todos los beneficiados hasta el momento por la medida han sido excarcelados, en lugar de liberados, algo que perciben negativamente porque la sanción no se extingue.

Ya previamente estas dos ONG y otras como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex habían lamentado que la medida no fuese general para todos los presos por motivos políticos, inmediata y transparente, además de considerar que la forma en que salían de la cárcel podía ser un arma de doble filo.

Sobre este respecto, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Maricela Sosa, confirmó que estas personas no han sido ni indultadas ni amnistiadas -sino, técnicamente, excarceladas- por satisfacer ciertos criterios y que, si no cumplen algunos requisitos hasta la extinción de su pena, como el de «buena conducta», «pueden regresar a la prisión».

«No se trata ni de una amnistía ni de un indulto ¿Por qué? Porque la amnistía y el indulto conllevan la extinción total de la sanción», explicó.

Frente a las 553 personas que las autoridades cubanas van a excarcelar, Prisoners Defenders registró a finales de 2024 un total de 1.161 presos por razones políticas en Cuba. Justicia 11J cifra en 549 los manifestantes del 11J condenados.

Esta es la primera excarcelación de presos en Cuba desde 2019, cuando las autoridades indultaron a 2.604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando un total de 3.522 presos fueron excarcelados como «gesto humanitario» ante la visita del papa Francisco.

Lista terrorista y crisis económica

La decisión cubana fue anunciada poco después de que Washington informase de su decisión de sacar a La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que fue incluida en 2017, durante el primer mandato del republicano Donald Trump.

Esa designación implica la prohibición de venta de armas a ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y la congelación práctica de gran parte de su actividad financiera en el exterior.

Esto ha contribuido, junto a la pandemia, otras sanciones y una serie de políticas fallidas del Gobierno cubano, a agravar los problemas estructurales de la economía nacional y a abocar a la isla a la grave crisis económica y energética que padece, una combinación difícil de revertir de contracción económica, elevada inflación y déficit abultado.

Cuba sufre una aguda escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible) y prolongados apagones diarios, lo que ha generado un fuerte descontento social, visible en una ola migratoria sin precedentes y en las inusuales protestas que se han registrado desde 2021.

Washington afirmó que la excarcelación en Cuba y la exclusión de la isla de la lista de países promotores del terrorismo eran las dos caras de un acuerdo mediado por el Vaticano.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró en una declaración que la medida de EE.UU. es una «decisión en la dirección correcta», pese a ser un paso «muy restringido», pues siguen en vigor múltiples sanciones.

Consideró que Washington sacó a Cuba de la lista tras reconocer que esa es «una política obsoleta y fallida que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de los Estados Unidos», aunque no descartó que la nueva administración republicana pueda revertirla.

En este sentido, el designado secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, un cubanoamericano defensor de la línea dura con la isla, aseguró este miércoles ante el Senado que no tiene dudas de que La Habana cumple con los requisitos para estar en la lista terrorista.

Avanzó asimismo que las decisiones de la actual Administración no son vinculantes para la próxima, que arranca en cinco días.