Hasta que las cortes del país adopten una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes al Tribunal Supremo que frene la aplicación de una ley en Texas que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado.

En su petición, el Gobierno de Biden considera que la ley de Texas va contra el precedente legal que estableció en 1973 la propia corte en el caso «Roe contra Wade», que legalizó el aborto en todo el país.

La ley de Texas, el segundo estado más poblado del país, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.

Al respecto, en opinión del Ejecutivo de Biden, la legislación desafía expresamente el precedente que sentó el caso «Roe contra Wade», que legaliza el aborto hasta los seis meses, cuando se considera que el feto podría sobrevivir fuera del útero.

Por eso, el Gobierno pidió al Tribunal Supremo que bloquee esa ley de manera preventiva ante los daños irreparables que pueda ocasionar a las mujeres y hasta que las cortes del país adopten una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

En concreto, reclama al Tribunal Supremo que revierta el fallo de hace diez días del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los más conservadores del país y que permitió que la ley volviera a aplicarse después de que un juez de una instancia inferior la bloqueara durante 48 horas.

El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis de tendencia conservadora, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.

La propia corte suprema permitió que la ley entrara en vigor en septiembre porque no se pronunció sobre una solicitud urgente para bloquearla que habían presentado clínicas de Texas.

La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.

Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.

Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.