La acción pide que a los integrantes del ente fiscal no se les reconozca inmunidad y que respondan personalmente por daños.

Tres corporaciones y dos individuos que eran acreedores del Banco de Desarrollo Económico (BDE) y cuyos préstamos fueron vendidos a una entidad privada para recobro demandaron al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, sus miembros, su consejero legal principal y a su bufete externo, Proskauer Rose LLC por los daños provocados en se proceso de recobro que sostienen fue un acuerdo ilegal entre la entidad gubernamental y un privado.

La acción está sometida en el Tribunal de Primera Instancia, pero la Junta podría moverse para trasladarla al tribunal federal. Que se conozca, es la primera reclamación contra el ente fiscal por daños y con pretensión de que los demandados respondan a título personal.

Los demandantes son R&D Master Enterprises, Inc., Pro Pave Corp., Matrix Transport Inc., María Magdalena Díaz Vila, y José A. Rovira González; quienes están representados por el licenciado Carlos Lamoutte Navas. No es la primera acción legal que tiene que ver con la venta de esa cartera de préstamos mediante contrato de $384 millones con las entidades PR Recovery and Development JV, LLC y PR Recovery and Development REO, LLC en septiembre de 2018.

Los demandantes también han intervenido en el proceso de ajuste de deuda del gobierno ante la jueza Laura Taylor Swain y han denunciado que el bufete O’Neill & Borges incurrió en conflicto de interés al ser abogados, simultáneamente, de la Junta que se supone revisara el contrato de la cartera y a los compradores de la misma. También, está pendiente otro pleito local en el que el BDE dice que el contrato fue nulo.

Al centro de las varias impugnaciones está el señalamiento de que la cartera se vendió con un descuento de 91% del valor de los préstamos y que la Junta nunca ha pasado el contrato de venta de la cartera por el proceso de revisión de contratos que instalaron como parte de sus poderes bajo la Ley PROMESA. También, que el contrato no fue resultado de un proceso de competencia y que no tuvo el aval de la Junta de Directores del BDE.

De hecho, la demanda sometida el domingo pasado hace referencia a la intervención de la JCF en el escándalo del contrato de generación temporera de energía otorgado al consorcio que encabeza la compañía Power Expectations, y que fue cancelado por intervención del ente fiscal.

“Al negarse a causar la revisión del Loan Sale Agreement por la (Junta), ya sea para aprobarlo o para invalidarlo, los Codemandados actuaron de forma ultra vires, intencionalmente violaron sus deberes fiduciarios y ministeriales como oficiales de la (Junta) bajo la ley federal PROMESA, intencionalmente ignoraron la Política de Revisión de Contratos (Contract Review Policy) adoptada por la (Junta), e intencionalmente menoscabaron el pasado precedente establecido por la propia (Junta) en torno a la invalidez de contratos públicos en donde no medió un proceso de licitación competitiva ni la previa autorización de la (Junta)”, indica el documento.

La anterior directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, ordenó al BDE que le sometiera el contrato de venta de la cartera, pero tan reciente como la semana pasada, el ente se negó a revisar el mismo, según indican los demandantes.