La pesquisa legislativa surgió tras el feminicidio de una enfermera por parte de un hombre convicto por historial de asesinatos que se beneficiaba de libertad supervisada desde 2018.

Organismos de protección de derechos defendieron el jueves ante la Cámara de Representantes la permanencia de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) al rechazar que exista un problema de incumplimiento por la reincidencia de convictos que gozan de este beneficio y asegurar que los casos revocados apenas alcanzan el 1.5 %, según datos compartidos por el ente administrativo.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) afirmó en vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, que la mayoría de las revocaciones suceden por factores externos a la comisión de nuevos delitos: desde la persona liberada quedarse sin residencia viable o un recurso familiar que la pueda supervisar, hasta la falta de interés en continuar en libertad condicionada.

“La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene que existir en nuestro sistema penitenciario. Es la entidad que puede ser transformada si se tiene una visión coherente con el fin para el cual fue creada”, manifestó la licenciada Yahaira Colón, directora de la División de Remedios Post-Sentencia de la SAL.

“Tenemos que tener una visión más amplia de que el fin debe ser lograr esa reinserción comunitaria y es nuestra responsabilidad estar aquí en defensa de ella”, agregó la abogada durante su ponencia en oposición a la Resolución de la Cámara 139, que investiga el funcionamiento de la JLBP y los criterios que rigen la concesión de libertad condicionada.

La pesquisa legislativa surgió tras la Policía de Puerto Rico reportar el pasado junio el feminicidio de una enfermera en el municipio de Caguas y arrestar como persona de interés a un hombre convicto por historial de asesinatos que se beneficiaba de libertad supervisada desde 2018.

Colón coincidió en la necesidad de reformar el sistema de libertad bajo palabra mediante procesos de evaluación más rigurosos, pero reiteró que estos cambios deben responder a la obligación del Estado de proveer las condiciones para la rehabilitación de la población penal y una verdadera reintegración social.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) opinó que la reglamentación vigente de la JLBP configura un sistema altamente regulado que integra los criterios para garantizar la rehabilitación de confinados, protección a víctimas y la seguridad pública. Según el licenciado Ever Padilla, director ejecutivo del organismo, las fallas observadas en casos recientes plantean problemas procesales y de recursos humanos.

El portavoz de la CDC añadió que la revisión del sistema de libertad bajo palabra requiere fiscalizar la agilidad y capacidad del Programa de Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y otros servicios de desvío penal que inciden sobre el proceso de reinserción social.

“La evaluación que va a poder hacer en su día la Junta de Libertad Bajo Palabra va a depender del plan institucional y del cumplimiento que tiene (el DCR). Hemos visto a través del tiempo que no tenemos un modelo de rehabilitación real, que no tenemos modelos de reinserción social”, manifestó Padilla. 

Otra deficiencia que trascendió en la vista pública es la falta de estructura del DCR para aprobar las terapias grupales de “Aprendiendo a Vivir Sin Violencia”, una exigencia de la JLBP. De acuerdo con la licenciada Colón, estos módulos no se ofrecen en todas las instituciones y calendarizar cada grupo puede demorar más de seis meses.

El representante Pérez Cordero indicó que la Comisión de lo Jurídico convocará vistas oculares para examinar la ejecución de las terapias grupales en los centros penitenciarios y adelantó que pretende discutir con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, la identificación de posibles partidas presupuestarias para la contratación del recurso humano que requiere la JLBP.

“Hay materia para legislar y enviar las recomendaciones que se puedan tener por la vía administrativa en las distintas agencias. Estamos buscando atender las deficiencias que pueda tener la Junta en aras de garantizar ese derecho a la rehabilitación, pero también el derecho a la seguridad y protección de las víctimas”, expresó Pérez Cordero.

Por su parte, el Departamento de Justicia confirmó que 35 personas convictas por violar la Ley 54 de Violencia Doméstica actualmente cumplen sus sentencias fuera de prisión, mientras que 88 individuos procesados como ofensores sexuales también permanecen bajo la jurisdicción de la JLBP.

La licenciada Tanmarie Santos, abogada de la División de Legislación de la agencia, detalló que 24 de las personas convictas por violar la Ley 54 están sujetas a vistas de seguimiento y otras siete han cumplido las condiciones bajo las cuales fue concedido el privilegio. En cambio, cuatro de estas personas se les revocó el beneficio y fueron ingresadas nuevamente a prisión.

“Podría señalarse que una de las principales limitaciones de la legislación y reglamentación vigente, así como de su aplicación por parte de la institución, es la limitada utilización de herramientas objetivas de evaluación de riesgo que permitan medir la probabilidad de reincidencia o de violencia futura”, afirmó Santos.

En su ponencia, la abogada recomendó “incorporar herramientas científicas” para analizar el riesgo de reincidencia de los confinados y fortalecer la comunicación entre las agencias que forman parte del sistema de libertad bajo palabra.

En esta vista pública también participaron los representantes Adriana Gutiérrez Colón, Ángel Morey Noble y José Varela Fernández.