El juez superior Gerardo Rafael Sarriera Lázaro adelantó que podría resolver tan pronto como la semana que viene la demanda mediante la que el Municipio de Camuy impugna una orden de paralización, y luego una de cese y desista, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le emitió por supuestas obras sin permiso que afectan la reserva natural conocida como Finca Nolla.

Las partes se encontraton el miércoles en una vista en la que argumentaron poco, debido a que ya hay una moción de desestimación del gobierno, y una moción de sentencia sumaria del municipio, por lo que concedió hasta el 5 de agosto para argumentos escritos finales de parte y parte, antes de emitir su decisión. La premura está influenciada también por el señalamiento de una vista administrativa de parte del DRNA contra el municipio para el 10 de agosto.

El alcalde Gabriel Hernández Rodríguez y su representación legal indicaron que el mismo miércoles habían recibido la concesión de un permiso de parte de la Junta de Planificación (JP) que abarcaba las obras en controversia, pero el documento no estuvo disponible de inmediato. Sobre esa base, Hernández Rodríguez argumentó fuera del tribunal que “el gobierno de Puerto Rico tiene dos agencias que no se ponen de acuerdo” y que “la última palabra” era de la JP.

El presidente de la Junta, Héctor Morales Martínez, fue uno de los funcionarios que rompieron fila con la administración para acudir al Senado a criticar la reforma de permisos que sometió la gobernadora y favorecer la que propuso el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

El ejecutivo municipal, quien también preside la Federación de Alcaldes, también lanzó que la oposición a las obras “es un asunto de pequeños grupos de izquierda” y que “hay que decirle al pueblo puertorriqueño quiénes son”, pero no los identificó.

Por su parte, la representación del DRNA, Susanne Lugo Hernández, dijo al tribunal que al municipio solo se le había dado un permiso incidental estrictamente para hacer reparaciones en infraestructura ya existente, como aceras y calles, pero que lo habían aprovechado para hacer una canalización de forma tal que las aguas en el área del Peñón Brusi vayan, no a un drenaje de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sino directamente a la Reserva Natural Finca Nolla.

“No se están impugnando los permisos, (pero) no tienen permiso para redigirir aguas”, resumió al consignar también que tampoco le indicaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que los trabajos impactaban la reserva natural.

Según la agencia, el municipio ha construido muros en la zona marítimo terrestre; instaló sistemas de drenaje; instalado tuberías hacia la ciénaga de la reserva; y rellenado terreno. Apuntó que estas son obras que el ayuntamiento había identificado bajo una segunda fase del proyecto, pero las habían realizado ahora, durante una primera fase que no las incluye.

“El agua no va a llegar hasta donde la parte demandada alega que va a llegar”, dijo el abogado del municipio, Walbert Pabón González.

Las obras se construyen con fondos federales bajo un contrato con la empresa MJO Builders LLC, cuyo presidente es Joel A. Comulada, y quien aparece como donante a varios alcaldes de la zona, de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista, incluyendo a Hernández Rodríguez.

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Alcalde de Camuy demanda al DRNA por paralización de proyecto