Tres municipios metropolitanos, que entre todos acumulan una gran parte de la actividad comercial en la isla, comparecieron al Senado el jueves para expresar preocupación sobre la reforma de permisos que propone la gobernadora mediante el Proyecto del Senado 1183 y que ese cuerpo legislativo evalúa junto a una propuesta paralela de su presidente, en el proyecto 1173.

Los representantes de San Juan, Bayamón y Carolina coincidieron en que no favorecen alterar estructuras que, según argumentaron, han funcionado adecuadamente en sus municipios.

Gladys Maldonado Rodríguez, directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan advirtió que el 1183 “redefine la relación entre el gobierno central y los municipios”, levantando preocupaciones relacionadas con autonomía municipal condicionada, supremacía normativa central, delegación de funciones a profesionales acreditados y limitaciones a la fiscalización municipal.

Maldonado Rodríguez expresó preocupación con disposiciones que derogan leyes relacionadas con planificación territorial, incluyendo la Ley 75 de la Junta de Planificación y disposiciones del Código Municipal vinculadas a ordenación territorial. Además, señaló que el proyecto afecta planes especiales y reglamentos municipales relacionados con áreas como Santurce, Río Piedras, Condado, Miramar y el Caño Martín Peña.

Entre sus recomendaciones, propuso mantener la vigencia de los planes municipales hasta completar procesos de armonización reglamentaria; preservar facultades delegadas a municipios autónomos; garantizar participación municipal en revisiones al Plan de Uso de Terrenos; y mantener la política pública ambiental contenida en la Ley 416.

Asimismo, la directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan recomendó reconsiderar disposiciones relacionadas con supremacía del Código y del Reglamento Único sobre ordenanzas municipales, al advertir que podrían provocar la nulidad práctica de planes especiales municipales y permitir autorizaciones incompatibles con la política pública municipal vigente.

Además, Maldonado Rodríguez también objetó disposiciones que transfieren facultades de fiscalización y determinaciones ambientales a profesionales acreditados, señalando que “no se transfiera de la Oficina Central de Permisos su derecho fiscalizador en proteger, conservar, velar y regular el buen uso del suelo y los recursos naturales en Puerto Rico”.

Por su parte, el asesor legal del Municipio de Bayamón, licenciado José Fullana, sostuvo que el 1183 altera el balance actual entre el Gobierno Central y los municipios al transferir facultades adicionales a la Oficina Central de Permisos y a la Junta Adjudicativa relacionadas con determinaciones de cumplimiento ambiental, licencias, recomendaciones y certificaciones relacionadas con legislación ambiental federal.

A preguntas del senador Juan Oscar Morales, Fullana describió esas disposiciones como una “alteración a la autonomía municipal”. Asimismo, expresó reservas sobre disposiciones relacionadas con solicitudes discrecionales de permisos, al advertir que el lenguaje contenido en la medida permitiría que la Oficina Central de Permisos realice “el proceso de evaluación y adjudicación de determinadas solicitudes discrecionales”, lo que, según él, podría limitar la participación municipal en la evaluación de proyectos.

De igual forma, también recomendó incorporar lenguaje que establezca que las determinaciones de las juntas adjudicativas municipales deberán estar en armonía con los Planes de Ordenación Territorial, reglamentos y ordenanzas municipales vigentes. Además, propuso revisar la definición de asuntos “discrecionales” para evitar interpretaciones amplias que permitan decisiones fundamentadas en criterios subjetivos.

En cuanto a planificación territorial, el asesor legal de Bayamón cuestionó disposiciones del 1183 relacionadas con la aprobación final de los Planes de Ordenación Territorial por parte del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicando que esto representa una degradación del nivel jerárquico e institucional de dichos planes. Además, señaló preocupaciones sobre cambios propuestos a procesos de segregación y lotificación, así como modificaciones a mecanismos de zonificación y participación ciudadana.

En cuanto a la figura del “profesional autorizado” propuesta en el 1183, también expresaron reservas. Según explicó la planificadora Tamara González Rivera, directora de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, la medida “no aporta al proceso”.

De otra parte, el Municipio Autónomo de Carolina sometió un memorial explicativo en el que expresó preocupaciones sobre mecanismos automáticos de permisos y procesos de autocertificación contenidos en ambas medidas, particularmente en zonas residenciales, turísticas y áreas vulnerables a inundaciones.

En su memorial, Carolina advirtió que “simplificar no debe equivaler a desregular” y que “agilizar no puede convertirse en aprobar sin el análisis responsable que exige el interés público”. Además, recomendó excluir de procesos automáticos proyectos ubicados en áreas inundables, sectores ambientalmente sensitivos y zonas sujetas a requisitos federales especiales.

Carolina también propuso fortalecer las facultades de fiscalización municipal, ampliar las categorías de proyectos que requieren evaluaciones particulares y garantizar coordinación entre agencias en áreas de infraestructura crítica, incluyendo zonas aeroportuarias y portuarias. Además, planteó que los municipios deben conservar capacidad preventiva y no limitarse únicamente a fiscalización posterior.