Tras la emición reciente de una orden por desacato que fue violentada, la jueza Isabel Padilla Zapata, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, ordenó este martes el arresto inmediato y «por término indefinido» del contratista del Departamento de Hacienda, Roberto Mojica Paz, luego de que este ignorara de manera temeraria una orden judicial que le exigía detener y demoler una construcción realizada sin permisos en la zona de La Parguera, del municipio de Lajas.

Padilla Zapata solicitó al Aguacil del Tribunal o al Superintendente de la Policía, Joseph González, el arresto «Día o Noche» de Mojica Paz «y traerlo ante la presencia de este juez en el Centro Judicial de Mayagüez o ante cualquier magistrado disponible más cercano, para que responda por desacato civil, sin fianza ante el reiterado incumplimiento con la sentencia».

La jueza citó al demandado para el 23 de abril, a las 2:00 pm de forma presencial, e indicó que una vez el demando fuese arrestado, permanecerá ingresado hasta tanto cumpla con lo exigido por el tribunal previamente.

La controversia adquiere mayor relevancia debido a que Mojica Paz ha mantenido contratos como consultor del Departamento de Hacienda, donde presuntamente ha participado en el desarrollo y asesoría de programas relacionados con la seguridad cibernética y la protección de los datos contributivos del gobierno.

Esos sistemas manejan información sensible de aproximadamente 1.2 millones de contribuyentes en Puerto Rico.

El Tribunal le impuso una sanción de $5 mil por temeridad y de $500 diarios hasta que cumpla con la orden de demolición.

El caso surge de una demanda radicada por residentes de la urbanización Ocean View, quienes alegan que Mojica Paz levantó una estructura que violaba las restricciones establecidas por la servidumbre de equidad, el reglamento de la urbanización y las escrituras que regulan el desarrollo de las propiedades en esa comunidad costera.

Según los demandantes, la obra incluyó ampliaciones y modificaciones estructurales que excedían los límites permitidos para las viviendas del área.

De acuerdo con documentos judiciales, el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez había ordenado desde 2024 que el demandado paralizara de inmediato los trabajos y procediera a demoler las estructuras levantadas sin autorización.

Sin embargo, los demandantes alegan que Mojica Paz continuó con la construcción a pesar de la orden del tribunal, lo que motivó la presentación de mociones solicitando que fuera declarado en desacato.

La juez concendió a Mojica hasta el 6 de abril de 2026 para que culmine la demolición so pena de ordenar su arresto por desacato.

El desacato civil es un mecanismo que los tribunales utilizan para obligar el cumplimiento de sus órdenes, y puede conllevar sanciones que incluyen multas o arresto hasta que la persona cumpla con lo ordenado por el tribunal.

Según información disponible públicamente, Mojica Paz también ha sido identificado como donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque hasta el momento no hay indicios de que esa relación tenga vínculo directo con el caso judicial.

El caso continúa activo en el Tribunal de Primera Instancia mientras se dilucida si el demandado finalmente cumplirá con la orden de detener y demoler la estructura que dio origen a la controversia.

Este medio tampoco pudo corroborar de manera independiente qué certificaciones profesionales o credenciales especializadas posee el contratista en el área de seguridad cibernética, campo en el que ha sido contratado por el gobierno y le permite acceso a información confidencial y privilegiada de miles de personas.