Costo pudiera aumentar hasta $39 millones adicionales

El pasado año, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Antonio Quiñones Rivera, hizo un llamado a la prensa solicitando colaboración con su esfuerzo de validar las 12 empresas que sometieron propuestas para sustituir a Physician Correctional que actualmente provee los servicios médicos a confinados del sistema correccional. La evaluación de estas compañías hace evidente el reto que tiene el DCR si desea contratar los servicios de una empresa con capacidad, experiencia y que se ajuste al presupuesto aprobado.

Actualmente, Physician Correctional ofrece servicios a adultos y adolescentes, de salud física y mental, así como programas especiales de tratamiento contra la adicción, y tratamiento contra la Hepatitic C, entre otros. Algunas de las empresas que sometieron propuestas indicaron interés en proveer todos los servicios clínicos, sin embargo, otras se limitaron a servicios de salud física y otras a salud mental para adultos y adolescentes. “La disparidad en los servicios que contienen las propuestas complica la evaluación y adjudicación final de cuál sería el mejor proponente”, dijo una fuente interna del DRC que solicitó anonimato. Del mismo modo, la fuente aclaró que, a pesar de la existencia de un comité evaluador, “las constantes intervenciones del Secretario hacen complicado esta tarea”.

De acuerdo con la solicitud del Secretario, NotiCel llevó a cabo una evaluación de las empresas utilizando la información proporcionada por funcionarios del DCR vinculados al proceso, así como a través de entrevistas con los proponentes. Aunque se logró establecer comunicación con Quiñones Rivera, este interrumpió abruptamente la llamada sin previo aviso durante la entrevista y posteriormente envió una comunicación escrita con sus observaciones sobre el proceso.

Sustitución presenta aumento en los costos

Según documentos revisados por Noticel, ocho de las doce propuestas presentadas para la contratación de servicios médicos en el DCR representan un aumento considerable en el presupuesto actual destinado a estos servicios.

De los doce proponentes, solo siete demostraron tener la capacidad para ofrecer la gama completa de servicios médicos necesarios para atender integralmente a la población correccional. Los restantes propusieron cubrir únicamente ciertas áreas específicas del cuidado médico.

El impacto presupuestario sería especialmente alto en caso de seleccionarse a las empresas Comprehensive Health Services Corp., Last Chance, Psychiatric Services of Puerto Rico, Professional Consulting y GFS Crew. Estas compañías ofrecen servicios limitados, lo que obligaría al DCR a contratar servicios adicionales a terceros, incrementando así la inversión gubernamental en salud correccional. La elección de cualquiera de estas firmas podría aumentar el presupuesto anual entre $4.1 y $14.3 millones.

Por otro lado, si el DCR opta por una compañía capaz de operar todos los servicios médicos requeridos, los costos podrían elevarse hasta $39 millones adicionales por año, según la documentación a la que tuvo acceso Noticel, la cual confirma el valor de las propuestas y el impacto presupuestario estimado de cada una.

“En su momento, habrá una transición organizada como ha ocurrido antes” dijo el secretario del DCR en una entrevista radial la pasada semana. Quiñones Rivera se refería a la única ocasión donde el DCR había experimentado una transición entre dos compañías proveedoras de servicio médico. Cabe destacar que en esa transición ocurrió un incremento en los costos ya que DCR deberá pagar simultáneamente al proveedor saliente y al nuevo para asegurar que la atención médica de los confinados no se vea afectada.

Notable la falta de experiencia

Gestionar y operar estos servicios de salud correccional implica desafíos únicos, como entender las necesidades específicas de salud de las poblaciones encarceladas, que a menudo tienen tasas más altas de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias. El médico Dr. Adrián Acevedo-Colón dijo a Noticel que el proveer servicios clínicos a reclusos requiere, “primero entender como navegar por consideraciones legales y éticas relacionadas con la prestación de atención en un entorno seguro, gestionar protocolos de seguridad mientras se proporciona atención médica, coordinar la atención con el personal correccional y tener acceso a proveedores de atención médica externos”. Acevedo-Colón es un médico con más de 10 años de experiencia en el sistema correccional.

“El personal que atiende estos pacientes enfrenta una complejidad y naturaleza especializada de estos servicios, por eso nos requieren una formación especializada. Los conocimientos y experiencia se acreditan mediante las certificaciones en Salud Correccional que otorga la Comisión Nacional en Salud Correccional”, añadió el galeno. La Comisión Nacional en Cuidado de Salud Correccional (por sus siglas en ingles NCCHC) ha establecido que la experiencia de las compañías que administran los servicios médicos en los sistemas correccionales es fundamental debido a la alta complejidad de los pacientes, quienes suelen presentar múltiples condiciones crónicas, trastornos mentales, adicciones y factores sociales. La NCCHC ha determinado que entre los conocimientos que debe tener una entidad acreditada para ofrecer estos servicios se incluyen poder manejar correctamente la complejidad clínica del paciente confinado, tener la capacidad de adaptarse a las normas del entorno carcelario, poder garantizar la seguridad del personal así como la de los los pacientes y ofrecer una atención integral que abarque prevención, tratamiento y rehabilitación. Además, la empresa debe poder optimizar recursos limitados, reducir riesgos legales por mala atención y asegurar el cumplimiento de estándares éticos y legales, lo cual es crucial para brindar un servicio de calidad en un contexto tan sensible como el sistema correccional.

Una fuente conocedora del proceso que lleva a cabo el DCR detalló que de las doce empresas que sometieron propuestas, ninguna pudo evidenciar que actualmente tienen los médicos contratados y mucho menos que sus médicos posean la certificación de la NCCHC. Del mismo modo, once aceptaron no haber administrado nunca un sistema de salud correccional, aunque algunas poseen empleados que han laborado en el sistema. Igualmente, ninguno de los proponentes ha participado del proceso de acreditación que exige la Comisión Nacional en Salud Correccional.

Polémicas dentro del Comité Evaluador

Recientemente, el secretario del DCR anunció mediante comunicado que había nombrado un comité evaluador. En la lista de integrantes del comité se incluyen a Alex Joel Torres Guzmán, quien dirige el grupo y funge como Secretario Auxiliar de Programas y Servicios, Ulrich Ramírez Secretario Auxiliar de Administración, Jesse Sánchez Secretario Auxiliar de Gerencia, Ivette Rivera Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos y Julio Rivera Secretario Auxiliar de Presupuesto y Finanzas. Ninguno de los miembros pudo validar conocimiento, preparación académica ni experiencia evaluando u operando sistemas de salud.

Según la fuente, este comité es el segundo que nombra el Secretario. El pasado año, el comité tenía tres integrantes que fueron removidos por instrucciones del propio Secretario. La Sra. Doria Martínez quien fungía como Secretaria  Auxiliar de Administración, Dr. José Maisonet quien era ayudante especial del Secretario en un destaque de la Policía de Puerto Rico, y la Sra. María León quien ocupaba el puesto de Secretaria Auxiliar de Presupuesto. Según se aclaró estos funcionarios evaluaron las capacidades de los proponentes y determinaron que los mismos no cumplirían con las necesidades de la agencia por lo que se creó un ambiente de alegada hostilidad y acoso laboral.

Según lo descrito en una querella por hostigamiento sexual radicada contra Quiñones Rivera, se detalla como se sentía el jefe de esta agencia con relación a la Secretaria Auxiliar de Administración.  “Tú sabes que Doria es enemiga”, se le cita diciendo al Secretario pocas semanas previos a la salida de la funcionaria de su cargo. Tanto el Dr. Maisonet, así como María León, también fueron removidos de sus puestos alegadamente por su intervención en el análisis de esta subasta.

La fuente detalló también que, “el proceso que se lleva a cabo es puro ‘show’, el Secretario ya tiene en su mente la empresa que quiere meter aquí y lo que quiere es que un comité de embuste lo escoja para mantener las apariencias”. De hecho, la fuente aclaró que, al margen del proceso evaluativo en curso, “el Secretario se ha reunido a puertas cerradas con representantes de la empresa Comprehensive Health Services y uno de sus abogados, lo que no ha hecho con los demás proponentes”, pero no pudo aclarar los detalles de lo conversado en la alegada reunión, ni proveyó datos adicionales de la misma.

El secretario Quiñones Rivera dijo a la prensa la pasada semana que se reuniría con los abogados del DCR para realizar otra evaluación de las empresas proponentes, lo que sugiere un proceso paralelo al análisis que realiza el comité evaluador. Esto coincide con lo declarado por Quiñones Rivera a la prensa el 11 de agosto de 2025, al indicar que, “yo mantengo comunicación con la persona que está presidiendo el comité, que es Alex Joel Torres, que es un Secretario Auxiliar de Programas y Servicios”.