La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el jueves el descuento en el pago de multas de tránsito que el gobierno decidió ejecutar sin esperar por la evaluación del ente controlador de las finanzas públicas.

En una comunicación escrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, se limitó a mostrar “preocupación” porque la amnistía entrara en vigor antes de la aprobación del ente y pidió también que el gobierno cumpla con la Ley PROMESA y permita tiempo para la evaluación de leyes antes de que entren en vigor.

Reveló también que el primer plazo que tenía la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para justificar que la amnistía cumplía con el plan fiscal era el 15 de enero. Pero pidieron una extensión y se le concedió hasta el 26 de marzo, pero entonces el gobierno decidió ejecutar la amnistía dos semanas antes de ese plazo.

La amnistía tiene un costo de $141.8 millones para el presupuesto público, estimó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Ese cálculo contrasta con el “impacto fiscal positivo” de $33 millones que la AAFAF le certificó el miércoles a la junta, según le dijo el director ejecutivo de la agencia, Francisco Domenech Fernández, a El Vocero. Ese mismo día, al criticar que la junta quisiera meterse en este trámite “como si fuéramos una colonia”, la gobernadora dijo que se le iba a someter al ente una certificación de impacto fiscal “para su paz y felicidad mental”.

La OPAL es una iniciativa, que la JCF respaldó, para dotar a la legislatura de una unidad técnica en la que se puedan hacer cálculos sobre el impacto económico de la legislación propuesta, similar a la función que cumple en el Congreso la Congressional Budget Office.

La propuesta de descuento en las multas fue objeto de evaluación en dos ocasiones.

La primera, en junio de 2025, fue sobre el supuesto de un descuento igual a un 35% de la totalidad del principal de la deuda y un descuento de 100% sobre los intereses, recargos y penalidades por concepto de dicha deuda; y un 50% de descuento sobre los intereses, recargos y penalidades por concepto de la deuda asumida a las personas que se acojan a un plan de pago. La conclusión fue que tendría un impacto fiscal negativo de $103.7 millones “por concepto de ingresos que se dejarán de percibir por el fisco”.

La segunda, en octubre de 2025, fue sobre la base de un descuento de 40% en las multas, incluyendo intereses, recargos y penalidades. Esto fue lo que finalmente se convirtió en ley. “El efecto fiscal se estima en $141.8 millones que no serán percibidos por el erario, luego de ajustar por valor presente”, se concluye en el informe firmado por el director de la OPAL, Hecrian D. Martínez Martínez.

“En términos de recaudos, el Fondo General vería un incremento en el año fiscal en el que se lleve a cabo la amnistía propuesta. No obstante, posterior a ello, pudiera observar una reducción en ingresos por concepto de las multas pagadas por adelantado y con los descuentos propuestos”, se añade.

Para el segundo informe, el análisis no partió del total de la deuda acumulada por multas de tránsito ($560.5 millones), sino que se partió del 55% de esta, ya que esa proporción supuestamete refleja la tasa de cobro real que tienen esas multas. Es decir, se consideró que el 45% de la deuda sería incobrable.

La ley no permite que los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios públicos cuyo nombramiento requiere confirmación legislativa se beneficien del descuento.

Aprobación de la JCF

Documentos de la OPAL