El nominado a juez superior defendió su participación en polémicas ambientales y administrativas en relación a La Parguera.

En el marco de su proceso de confirmación como juez superior del Tribunal de Primera Instancia, Samuel Acosta Camacho enfrentó el escrutinio de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“En los pasados meses solicité ser Juez Superior entendiendo la importancia que tiene en nuestra sociedad el impartir justicia, que es una forma dentro del mundo del derecho de ayudar a resolver los conflictos entre las partes, de una forma apegada a las leyes y el derecho, en procesos justos e imparciales. En mi vida privada como profesional, me he comportado de esta manera, tomando decisiones conforme a la ley y al derecho, teniendo presente que el gobierno debe servir a los gobernados de una manera eficiente, proactiva y que pueda responder a sus intereses y necesidades”, explicó Acosta Camacho durante su ponencia.

Acosta Camacho fue designado al cargo el pasado agosto por la gobernadora Jenniffer González. Desde entonces ha enfrentado polémicas relacionadas con su participación en la redacción de una orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Una de las alegaciones que es facilitó la legalización de casetas en La Parguera, Lajas, incluidas las atribuidas a los suegros de la gobernadora.

El núcleo de la polémica gira en torno a la firma de una orden administrativa por parte del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, coincidiendo con el nombramiento de Acosta al cargo. Previamente, la propia González Colón, defendió que la orden en cuestión fue elaborada durante la anterior administración bajo el mandato del exgobernador Pedro Pierluisi y no por su actual equipo de trabajo. Atribuyó, de hecho, la ausencia de la firma de la exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez Vega a razones de índole política.

Estas controversias también fueron eje de la vista de confirmación en el Senado. Pues luego de destacar en su ponencia su compromiso con “tomar decisiones conforme a la ley”, el senador Eliezer Molina le cuestionó sobre la legalidad de ciertas acciones en reservas naturales, como cortar mangles o rellenar salitrales.

Ante esto, el actual oficial examinador de carrera en el DRNA negó que dichas actividades fueran legales y matizó que la legalidad de las construcciones depende de cada caso particular. Al ser inquirido específicamente por la situación en La Parguera, el licenciado subrayó la existencia de un acuerdo federal que otorga un marco jurídico distinto a esa zona.

El senador Molina insistió en que las acciones consideradas ilegales son precisamente las que se investigan en el caso de los suegros de la gobernadora, cuestionando la imparcialidad y apego a la justicia del candidato a juez. Acosta Camacho aclaró que el borrador de la ley que regula tales situaciones fue elaborado durante la administración de Alejandro García Padilla y aprobado mayoritariamente por la Legislatura, añadiendo que ninguna querella ha sido archivada y las investigaciones siguen en curso.

Otro de los temas abordados fue la querella presentada por Evelyn Navarro Adorno. La Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) recomendó investigar la concesión de un diferencial salarial presuntamente indebido cuando Acosta Camacho ejercía como director interino de Recursos Humanos. Molina aprovechó este hecho para criticar que los jueces sean nombrados por políticos.

“Usted nos acaba de dar el mejor ejemplo de por qué los jueces no pueden ser nombrado por políticos”, señaló Molina.

Seguido, el senador por el Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández, también interrogó a Acosta Camacho sobre la integración de un nuevo inciso en la orden y el archivo de casos bajo su consideración. Ante la insistencia de los legisladores, el senador Ángel Toledo, presidente de la vista, señaló que, aunque la orden administrativa no está directamente relacionada con el nombramiento, sí pone en cuestión la capacidad del candidato para tomar decisiones.

Finalmente, Acosta Camacho defendió la legalidad de las acciones tomadas en La Parguera, argumentando que la normativa federal prevalece sobre la legislación local y que la orden buscaba dotar de un marco legal adecuado a la situación.

La Comisión convocó una reunión ejecutiva para analizar el nombramiento y, eventualmente, comunicar la fecha de la vista de confirmación.

Acosta Camacho reúne experiencia profesional y administrativa en distintas agencias gubernamentales de Puerto Rico, principalmente en DRNA.

Igualmente, desde 2021, ha ejercido como director interino de la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del mismo departamento. Entre sus funciones, destacó la supervisión de jueces y oficiales examinadores, la dirección de procedimientos administrativos conforme a la normativa vigente, la elaboración de informes para el secretario y la preparación de borradores de resoluciones. Asimismo, participó como asesor en legislación, preparando memoriales con recomendaciones para la Asamblea Legislativa.