David Figueroa Betancourt no obtuvo los votos necesarios tras semanas de controversia por señalamientos éticos y falta de consenso.

El Senado de Puerto Rico colgó el nombramiento de David Figueroa Betancourt como Procurador de las Personas con Impedimentos, tras no alcanzar los votos requeridos durante la sesión de hoy martes.

El proceso de evaluación del designado estuvo marcado por controversias éticas, denuncias de presuntos esquemas judiciales y divisiones en la Comisión de Nombramientos, que había recibido información contradictoria sobre el manejo del nominado en casos presentados bajo la Ley de Personas con Discapacidades de los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, la investigación técnica incluyó análisis financiero, psicológico y de campo. Aunque el análisis financiero no encontró irregularidades contributivas ni de crédito, y el informe psicológico concluyó que el designado tenía capacidad emocional para ejercer el cargo, la investigación de campo levantó alertas sobre posibles prácticas de litigación coercitiva, a raíz de testimonios de comerciantes y abogados que alegaron haber sido objeto de reclamaciones repetitivas y solicitudes de pagos extrajudiciales.

El documento también recoge que la Oficina de Evaluaciones Técnicas recibió comunicaciones divididas entre quienes respaldaron al nominado por su trayectoria de más de dos décadas en organizaciones de defensa de derechos de personas con impedimentos, y quienes se opusieron por entender que sus actuaciones judiciales y administrativas no reflejan los estándares éticos del cargo.

Entre sus antecedentes profesionales, el informe detalla que Figueroa Betancourt cuenta con preparación académica en trabajo social y educación especial, y que ha ocupado puestos como director ejecutivo de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad, presidente del Consejo Directivo de la Defensoría y miembro de diversos comités gubernamentales.

Con el resultado de la votación, la Procuraduría de las Personas con Impedimentos permanecerá sin un titular confirmado, mientras la gobernadora deberá considerar la nominación de un nuevo candidato para el cargo, que tiene una duración de diez años según la ley que creó la Defensoría.

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