Valerie Rodríguez Erazo reaccionó el jueves a la decisión de los directivos de LUMA Energy de mover el caso que está ante del Tribunal Supremo a la Corte de Quiebras federal.

 La secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo reaccionó el jueves a la decisión de los directivos de LUMA Energy de mover el caso que está ante del Tribunal Supremo a la Corte de Quiebras federal.

“LUMA sabe que va a perder y por eso intenta, a última hora, paralizar el caso ante el Tribunal Supremo. En lugar de presentar sus argumentos en el término que el Tribunal fijó hasta el 24 de septiembre, acude ahora al tribunal federal con un alegato de paralización automática que no levantó en las etapas anteriores. Lo hace porque teme que el Supremo declare inválida la cláusula de relevo de responsabilidad que los protege”, dijo Rodríguez Erazo en declaraciones escritas.

Ese planteamiento no procede en derecho. Mi recurso es declaratorio y no pretende cobrar dinero, ejecutar sentencia ni tomar control de propiedad alguna. Como secretaria del DACO actúo como entidad gubernamental en ejercicio de los poderes inherentes del Estado (police-powers) para proteger el interés público y los derechos de los consumidores.

Rodríguez Erazo adelantó que puede defender su caso en el Tribunal Federal, como lo hizo en el estatal.

“Destaco que estoy admitida como abogada ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y acudiré a ese foro con la misma pasión y diligencia para reafirmar que la excepción de la sección §362 (b)(4) aplica y que este es un caso de derecho público que debe proseguir. Confío en que los tribunales federales advertirán y rechazarán cualquier intento de instrumentalizar el Título III para detener indebidamente un caso que atañe al interés público y a la protección del consumidor”, sostuvo.

El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, alegó que su decisión responde a que, si el Tribunal Supremo valida los reclamos del DACO, habrá un aumento en la tarifa.

“Creemos que la propuesta de DACO es errada e irresponsable financieramente, y deben ser transparentes con el pueblo de Puerto Rico y dejarles saber que esta acción innecesariamente provocará un aumento en los costos para todos los clientes de la Isla. Por eso las exenciones de responsabilidad son práctica común para las compañías eléctricas en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, incluida la AEE”, expresó Saca.