Tras más de dos años que las autoridades federales allanaron las oficinas de la aseguradora MCS, la Fiscalía Federal cerró la investigación que realizaba contra dicho plan medico sin que prosperara ninguna acción a nivel criminal.

Según el semanario Caribbean Business, el director ejecutivo de MCS, Jim O’Drobinak, afirmó que ‘siempre hemos creído que esta investigación fue sin mérito y nos sentimos reivindicados de que el Departamento de Justicia ha cerrado este asunto. Esta conclusión refuerza nuestra dedicación para garantizar el bienestar de nuestros más de 340,000 miembros y más de 1,600 empleados en Puerto Rico’.

En octubre de 2011, las autoridades federales allanaron las oficinas de MCS ubicadas en Hato Rey, en relación a una investigación por presunto fraude al programa de Medicare.

El allanamiento surgió en momentos en que MCS estaba a punto de cesar sus funciones como administrador tercero (TPA, por sus siglas en inglés) de la cubierta de salud física de cinco de las regiones de Mi Salud.

La salida de MCS como TPA de Mi Salud se dio en medio de reclamos de los proveedores ante la falta de pago.

En aquel entonces, la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, rechazó que la intervención de las autoridades federales girara en torno a Mi Salud.

Esta no es la primera vez que Fiscalía Federal cierra una pesquisa relacionada al área de salud y los cierres de estas pesquisas sin acusación alguna contrastan con declaraciones que han dado las mismas autoridades sobre la cantidad de fraude con fondos de salud federal en Puerto Rico. Los casos que se han llevado son contra médicos y proveedores de equipo, pero no suben al nivel de los ejecutivos en aseguradoras.

El pasado mayo de 2013, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), informó que las autoridades federales habían concluido el proceso investigativo que realizaban contra la entidad, sin que tampoco se produjera ningún señalamiento.

En abril de 2010, las autoridades federales allanaron las oficinas de ACODESE, esto luego que como parte del caso contra el exsenador Jorge De Castro Font, la vicepresidenta ejecutiva de dicha entidad, Betsy Barbosa, aceptara que había emitido pagos de donativos ilegales a favor de este, a cambio de que favoreciera ciertos proyectos de ley para beneficiar a las compañías de seguro. Otros legisladores señalados por Barbosa como que recibieron donativos ilegales de parte de ACODESE lo fueron el expresidente del Senado y exsecretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintock; y el senador popular, José Luis Dalmau, quien hoy es presidente de la Comisión de Salud en el Senado.

La investigación contra ACODESE se paseó por el Departamento de Justicia y a la Oficina del Comisionado de Seguros, sin tampoco producir fruto.

Pero la mano de seda de las autoridades federales con las aseguradoras también se pone de manifiesto con la falta de avance en la pesquisa que supuestamente conducen contra las aseguradoras MMM y PMC por presuntamente someter reclamaciones falsas para obtener fondos de los programas Medicare y Medi-Cal.

De hecho, a esta aseguradora se le ha imputado la emisión de pagos a los proveedores con el fin de racionar servicios a los pacientes y otras irregularidades de parte de esta y otras aseguradoras publicadas por este diario digital, pero hasta el momento las autoridades federales no han intervenido.

El exdirector del Negociado de Investigaciones Federales en Puerto Rico, Luis Fraticelli, es ahora consultor antifraude de MMM y también tiene un contrato con la Oficina de la Contralora.