El senador Adrián González Costa radicó la Resolución del Senado 55 después de que se publicara que nueve municipios están a ley de cerrar.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Adrián González Costa radicó una resolución para que se ausculte la posibilidad de crear el Banco de Desarrollo Municipal para que sirva de principal herramienta ante la inminente eliminación de los fondos para equiparar.

Recientemente, se difundió en los medios de comunicación que, por lo menos, nueve municipios están en riego de cerrar por falta de capacidad económica. Estos son Comerío, Las Marías, Barranquitas, Adjuntas, Florida, Loíza, Maricao, Orocovis y Maunabo.

Este sistema que promueve el senador del PIP está en vigor en algunos países en América Latina como México y Argentina donde la función ministerial es proveer fondos a la unidad administrativa pública básica, que son precisamente los municipios.

«Los municipios tienen diferentes fuentes de ingresos. La mayoría del dinero proviene del bolsillo de la ciudadanía, como el IVU municipal, las patentes y el CRIM (Centro de Recaudación de Ingreso Municipal). Esta resolución sugiere que se analicen estas tres fuentes de ingresos, que en el caso de San Juan nada más representa $400 millones, si multiplicamos eso por los 78 (pueblos) y se crea un fondo que se nutra de esas fuentes de ingreso, ese fondo puede ser administrado por un banco para ayudar a los municipios con el financiamiento de obra pública», expresó González Costa en conferencia de prensa.

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«No es que los $400 millones, por ejemplo, se van a destinar al banco. Nosotros planteamos que con destinar entre 3% y un 10% de esos ingresos, pudiera significar, usando a San Juan como ejemplo, entre $12 y $40 millones para un fondo inicial», agregó.

La Resolución del Senado 55 expone que los municipios en Puerto Rico se han afectado financieramente desde el cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), así como la cancelación de las asignaciones del gobierno central. Esos son factores fundamentales en la reducción de recursos financieros de los pueblos.

Sin contar con el periodo de depresión económica por el que atravesó el país desde el 2006 hasta el 2021, con el impacto de la pandemia del covid 19, las secuelas de los huracanes del 2017 y los terremotos del 2020.

La R de la S 55 destaca que una vez se identifiquen las fuentes de capital inicial para la fundación del Banco de Desarrollo Municipal, «no se descarta que la entidad propuesta funcione de manera descentralizada, con sucursales en todos los municipios del país o sucursales regionales, según convenga desde el punto de vista operacional».

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«La existencia de una entidad como lo es el Banco de Desarrollo Municipal, representaría un alivio en primera instancia para los organismo municipales a nivel público, pero representa también una oportunidad para estimular el crecimiento económico. A medida que haya salud fiscal en los municipios, en la que medida que también se estimule a pequeñas y medianas empresas, se estimula que la economía circule en todos los municipios», sostuvo el senador del PIP.

Esta resolución buscará determinar la forma y manera de los cuales los recaudos del CRIM, de patentes y el IVU Municipal pueden contribuir a la referida y necesaria capitalización.

Este Banco de Desarrollo Municipal podrá:

Esta medida ahora será referida a la Comisión de Gobierno y Asuntos Municipales. Se deberá citar a los representantes de la Asociación y Federación de Alcaldes, el Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales (CRIM), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Tambi[en al Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Economistas, la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR y cualquier entidad pública o privada necesaria para evaluar la resolución.

En un periodo de 90 días, las comisiones deberán rendir un informe a la Asamblea Legislativa para su evaluación.

«Negarse a darle paso a una resolución como esta, sería negar a los municipios y a la ciudadanía la posibilidad de tener un cierto alivio a partir de junio, cuando van a perder ese fondo de equiparar que tiene preocupado a muchas personas y con razón», puntualizó González Costa.

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