Investigación de la Contraloría recomienda legislar para eliminar el control de los legisladores sobre dinero que sale del Impuesto sobre las Ventas y Uso.

Poco más de un mes después de las elecciones, la Oficina del Contralor (OC) concluyó en un informe investigativo que el barrilito que los legisladores ocultaron en la Autoridad de Tierras (AT) es ilegal por inconstitucional y que se repartió sin controles, sin atenerse a su propósito y hasta con conflictos de interés.

Juguetes, puertas, ventanas, materiales de construcción, cisternas y enseres eléctricos fueron algunos de los propósitos para lo que legisladores de distrito, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, ordenaron a la AT que desembolsara dinero. Esto, mediante correos electrónicos y sin que la petición estuviera sometida a la votación del cuerpo legislativo, como ocurría cuando estas ayudas se tramitaban y distribuían directamente por la Asamblea Legislativa.

Ni el uso de los fondos, ni su desembolso, se realizó de acuerdo a ley y reglamento, resumió la Contraloría.

A raíz de los hallazgos de la investigación, la Contraloría recomendó legislar para “eliminar la potestad que tienen los legisladores para determinar cómo utilizar los fondos públicos asignados a una entidad del ejecutivo”. También, hizo referidos al Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El barrilito oculto nació de movidas legislativas del Partido Nuevo Progresista (PNP) después de las elecciones de 2020, cuando perdieron el control de las cámaras legislativas. Con la Ley 173 le dieron a los legisladores distritales control para ordenar a la AT la distribución del Fondo de Mejoras Municipales (FMM). La Asamblea Legislativa actual, controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) legisló, pero no para cambiar el esquema, sino para ampliar la proporción de ese fondo que los legisladores podían destinar a ayudas directas a ciudadanos.

El FMM se nutre de una parte del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). Según el informe de Contraloría, de abril de 2021 a julio de 2022, el fondo tuvo $44.2 millones disponibles para distribución y en el mismo periodo se completaron 722 contratos para repartir $23.2 millones. De estos, los investigadores escogieron una muestra de 12 contratos equivalentes a $2.1 millones destinados a seis entidades sin fines de lucro. A través de las entidades, ocurría el desembolso que beneficiaba a ciudadanos particulares. Hasta mayo de 2022, los desembolsos ocurrieron sin un reglamento aprobado. Todo este trámite, que responde a peticiones de 56 legisladores de distrito, estaba a cargo de la Oficina del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR) de la AT que tenía, en total, nueve empleados.

En la muestra, aparecieron dineros que legisladores determinaron directamente el uso de los fondos; seleccionaron a beneficiarios de forma verbal; contratos que no decían para qué obras eran los fondos; dinero asignado a beneficiarios que no viven en el distrito del legislador que lo asignó; entidades sin fines de lucro que usaron el dinero para su renta o remodelaciones en sus oficinas; entidades que desembolsaron a beneficiarios antes de que la AT les desembolsara a ellos; desembolsos realizados después de expirados los contratos; dinero para el que no hay evidencia del gasto; y entidades que no devolvieron dinero que la AT les requirió.

Parte del ejercicio investigativo fue visitar a los beneficiarios para constatar si las obras para las que se les desembolsó dinero se habían realizado. En instancias, encontraron gabinetes que nunca se instalaron u obras nunca realizadas. Por otro lado, también encontraron dinero asignado para obras que nunca se realizaron en la casa de una empleada del programa que distribuye el dinero, el PIR, así como dinero asignado a la compra de puertas y ventanas en la casa de la madre de la empleada, aunque nunca se adquirieron las puertas ni ventanas. Esto último fue una asignación que hizo un senador de distrito de Humacao, pero la residencia de la mujer es en Guayama.

Para ninguna de las irregularidades el informe detalla quién fue el legislador que asignó el dinero, pero en el caso de la madre de la empleada del PIR, las senadoras de distrito de Humacao en este cuatrienio fueron la popular Rosamar Trujillo Plumey (electa alcaldesa de Humacao) y Wandy Soto Tolentino (reelecta a su escaño). Este distrito senatorial está vinculado también con la repartición de fondos a beneficiarios que viven en Trujillo Alto, San Juan y Cayey.

Otra instancia que se menciona en el informe con algunos detalles es que dos beneficiarias con fondos del distrito representativo 25 realmente vivían en Vega Alta y Santa Isabel, mientras que un beneficiario del distrito representativo 30 era residente de Camuy. El 25 lo representa el popular Domingo Torres García, quien será portavoz alterno de esa delegación cameral en el cuatrienio próximo; mientras que el 30 lo representa Luis “Narmito” Ortiz Lugo, cuya reelección todavía no está decidida.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, encabezó la fiscalización del uso del FMM este cuatrienio y movió a la intervención de la Contraloría. Este no fue reelecto en las elecciones pasadas, cuando fue candidato a senador por el distrito de Bayamón.

En las vistas de transición, el secretario de Agricultura, y presidente de la Junta de la AT, Ramón González Beiró, expresó, sin que nadie le preguntara, que atender las solicitudes de los legisladores se había tragado al personal de la AT y pidió que se legislara para que el fondo se mueva a otra agencia.

Para leer el informe, pulse aquí.

Vea:

Truco del barrilito oculto de los legisladores se tragó a la Autoridad de Tierras, según secretario