El próximo jueves, 9 de mayo, la OGP, AAFAF y la Administración de Sistemas de Retiro expondrán su posición a la medida.

El representante Domingo Torres García solicitó a las diferentes organizaciones que abogan a favor de la pensiones, que le permitan hacer su trabajo respecto a la medida que busca aumentar las pensiones de los jubilados del Gobierno y otorgar un incremento de hasta $300 para julio de este año, ya que han estado ejerciendo presión para que se apruebe la medida lo antes posible.

El Proyecto de la Cámara 2038 fue radicado por petición del Frente en Defensa de Pensiones.

La comisión de Asuntos Laborales ya ha celebrado vistas públicas donde han acudido varios gremios en apoyo a la medida.

Entre ellos se ha expresado: el Capítulo de Jubilados de de la Federación de Maestros (FMPR); el Capítulo de Jubilados de UNETE; el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico; la entidad Construyamos Otro Acuerdo; el Capítulo de Jubilados de Educamos; el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas y el Frente en Defensa de Pensiones.

«Necesito que me permitan hacer mi trabajo, se va a llevar el proceso de vistas públicas y se estará bajando a votación en las próximas semanas», expresó el representante Torres García a preguntas de NotiCel.

La tensión de que se apruebe el aumento persiste. Esto, a pesar de que la fuente de financiamiento es incierto y que la pieza legislativa tendría que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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El propio ente fiscal ha pronosticado una contracción económica cuando se acaben los fondos de reconstrucción.

«Escuché unas expresiones de uno de los portavoces del señor (Pedro) Pastrana (del Capítulo de Jubilados), en el que estaba promoviendo a que se le diera un informe positivo y que se aprobara. Este servidor es un legislador responsable y soy muy celoso con los procesos legislativos y yo creo que es poco responsable yo hacer un informe positivo sin tener la opinión del Gobierno que es al final del camino el que lo va a firmar, en este caso, el gobernador», añadió.

El pasado viernes, la comisión de Asuntos Laborales recibió la posición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Administración de Sistemas de Retiro y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico en cuanto a la medida legislativa.

La vista pública para discutir y evaluar los comentarios sometidos será el próximo jueves, 9 de mayo.

«Siempre he estado a favor de los pensionados del país, lo que yo no puedo permitir es que ejerzan presión en el trabajo para que todo pueda salir transparente y pueda salir informado con los datos que se necesita para poderse aprobar. Así que, se le va a estar dando vista pública el próximo jueves», anunció el representante.

La medida, de aprobarse, crearía la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.

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La misma dispone que “efectivo el 1ro. de julio de 2024, aumentarán en un diez por ciento todas las anualidades que pague el Estado Libre Asociado a los pensionados de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado, por mérito, edad y años de servicio o incapacidad; y que estén vigentes a esa fecha. El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este cómputo será de hasta $3,000.00”.

Establece además que “efectivo el 1ro de julio de 2025 y cada primero de julio subsiguiente, se establecerá un aumento de las pensiones equivalente al COLA que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos y que entre en vigor en enero del año natural correspondiente”.

Los fondos necesarios para cubrir el costo que conlleve la legislación provendrán de los Ingresos del IVU que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal, 0.50%; IVU Municipal, 1%; a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, las Ciencias y la Industria Cinematográfica de Puerto Rico, y al pago de la deuda de COFINA según lo dispone el Tercer Plan de Ajuste del Título III enmendado de COFINA, confirmado el 5 de febrero de 2019; y de los sobrantes del presupuesto general del ELA de cada año fiscal, “entre otros”.

En la vista pasada, el Capítulo de Jubiladas y Jubilados de UNETE sostuvo en su ponencia que en Puerto Rico hay miles de maestras que tienen una pensión mensual de $500 a $700.

Como también infirmaron que al presente hay alrededor del 66% de la población de sesenta años o más no pudo alcanzar un grado universitario y que, aunque el 81% recibe el Seguro Social federal, los ingresos de los adultos mayores son tan bajos que el 42% depende del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

De acuerdo a las guías para la determinación de la pobreza en los Estados Unidos, en el año 2023, más del 40% de los adultos mayores se encontraban bajo el nivel de pobreza.

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