Una pieza legislativa busca ordenar al Departamento de Salud y al Recinto de Ciencias Médicas a realizar una investigación sobre las condiciones de salud en ese municipio sureño.

Las cenizas de carbón producto de la planta de la empresa Applied Energy Systems (AES) tienen un impacto directo en la salud de los ciudadanos de las comunidades de Guayama, afirmaron expertos a la Cámara de Representantes.

Según el doctor Gerson Jiménez, los efectos negativos en la salud van desde agudos, como la irritación de ojos y piel; lesiones de la piel; rinitis, faringitis, espasmo bronquial a crónicos, así como el cáncer.

“Entre 1990 a 2000 los diagnósticos nuevos de cáncer representaron unos 103.3 por año, cuando no había planta de carbón. La planta de AES comenzó a operar en el 2002. Ocho años más tarde, de 2010 a 2014, el promedio de casos nuevos de cáncer aumentó a 169.4 por año, o sea un incremento más del 60%”, expuso el médico a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

El doctor Jiménez también comentó que otro problema es que en Puerto Rico son pocos los médicos capacitados para relacionar algunas enfermedades con exposición a contaminación ambiental.

“Por esto hay muchísimos diagnósticos de estas enfermedades que no se hacen. No conozco en Puerto Rico ningún especialista en enfermedades producto de contaminación ambiental”, acotó el médico.

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En cuanto a alegaciones de que los empleados de AES no se enferman, el doctor arremetió contra ellas, diferenciando las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de quienes residen cerca de la planta.

“La AES afirma que sus empleados no se enferman, pero esos empleados trabajan muy protegidos. Además, todos o casi todos viven lejos de la planta y la exposición máxima sería de más de 40 horas a la semana mientras que los residentes de las comunidades expuestas están expuestos sin protección por 168 horas semanales todo el año”, manifestó Jiménez.

Mientras, la organización Sierra Club desglosó algunos datos de un estudio del 2017, donde se encontró que el aborto espontáneo en las mujeres en Guayama, de 15 a 49 años, tiene una prevalencia de 22.4%, mientras que en las mujeres residentes en las comunidades de Fajardo fue de 3.6%.

“Es imperioso que se asigne dinero para realizar este estudio. Esto es una deuda de justicia ambiental a las comunidades del sur, y tienen que aparecer los recursos para ello. Tenemos los recursos humanos, existe voluntad y tiene que haber voluntad política”, exhortó la portavoz de Sierra Club, Maritza Maymi.

Sin embargo, la preocupación del Departamento de Salud es que no cuenten con el dinero suficiente para poder realizar este estudio.

“Reconocemos que un proceso de evaluación ambiental, investigación y estudio epidemiológico requiere de recursos económicos que sean destinados para su realización. Dada la limitación de fondos estatales que recibe el Departamento de Salud, reiteramos la importancia de que se asignen recursos económicos suficientes para que este estudio y futuros estudios sobre el impacto a la salud de las comunidades”, dice la ponencia firmada por Félix Rodríguez Schmidt, secretario del Departamento de Salud interino.

La presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Arroyo insistió en que medidas como estas deben ser avaladas por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, y dejar a un lado la «excusa» fiscal.

“Me preocupa que proyectos como esto se diga que tienen impacto fiscal, que busquen excusas para que no se haga… yo espero que el gobernador, de esto ser aprobado por la Cámara, asuma su responsabilidad. Esto es un asunto moral de la vida de estos niños, adultos, jóvenes y envejecientes que están sufriendo en estas comunidades la situación terrible de las cenizas de carbón”, sentenció la presidenta de la Comisión de Salud.

La próxima vista pública para atender esta pieza será el 30 de marzo.