La medida se presentó con un informe positivo de la Comisión de Hacienda.

La Cámara de Representantes debate durante la noche de hoy la Resolución Conjunta que enmienda el presupuesto de Puerto Rico para agregar los fondos que estuvieron retenidos para realizar los pagos de deuda pública, los primeros que se harán en más de cinco años, y otros dineros para aumentar asignaciones gubernamentales.

La medida, la Resolución Conjunta 278, se presentó a debate con un informe positivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara que establece que “el mecanismo para concluir con el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico requiere la ejecución del Plan de Ajuste de Deuda, el cual fue aprobado a finales del año 2021”.

Agrega dicho informe que la ejecución de ese Plan de Ajuste “consiste en aprobar legislación que permita realizar los primeros pagos al servicio de la deuda renegociada, y a la liberalización de todo el efectivo que se había ahorrado como resultado de los superávits primarios de los años 2017 a 2021”.

La Resolución, según radicada, eleva el monto del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2022, a una asignación presupuestaria de sobre $23,334 millones. Dicha cifra proviene de “excedentes de caja no utilizados de ejercicios anteriores por un total de $10,852 millones” y de un alza en asignaciones gubernamentales de $10,112 millones a $12,428 millones.

Advierte el mencionado informe que la posibilidad de aumentos salariales y beneficios marginales en el sector público “pasa por la ejecución del Plan de Ajuste, debido a que le permitirá al Gobierno de Puerto Rico utilizar la mayor parte de sus ingresos como parte del Presupuesto General, mientras que si el PAD no es aprobado, entonces el fondo de deuda continuará acumulando los superávits presupuestarios”.

Al inicio del debate el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, defendió la legislación y aseguró que de los cerca de $10,852 millones que se liberan con el Plan de Ajuste de Deuda, solo $6,600 millones van para el pago a la deuda con los acreedores del país y enumeró las asignaciones que van para otros pagos que debe hacer el gobierno a otros grupos y entidades locales.

Mencionó entre estas las reclamaciones de “Centros 330”; el depósito inicial para el Fideicomiso de Pensiones; reclamaciones de beneficiaros de Ley 1 y Ley 447 sobre los sistemas de retiro; expropiaciones forzosas y otras reclamaciones de naturaleza laboral.

Sobre las asignaciones que se harán de los mencionados $10,907 millones sobrantes de años fiscales anteriores, indican que en este renglón se incluyen pagos para conceptos tales como sentencias judiciales e indemnizaciones, incluyendo reclamaciones de bonos de Obligación General; bonos de la Autoridad de Edificios Públicos; entre otras, todas estas definidas en el Plan de Ajuste de la Deuda.