Piden que mejor se comience a trabajar la rehabilitación desde adentro.

Padres, madres y familiares que han perdido seres queridos víctimas del crimen en Puerto Rico se oponen al Proyecto del Senado 437 y crearon una petición en la plataforma change.org para que la Legislatura revoque dicha medida.

Dicho proyecto ha creado múltiples reacciones de oposición entre los familiares de las víctimas y fiscales del País, así como del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

El proyecto aprobado en el Senado y que será considerado ahora por la Cámara de Representantes, flexibiliza los criterios bajo los cuales la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) puede evaluar la concesión de ese beneficio a confinados por la mayoría de los delitos, particularmente asesinato, que aplicará de forma retroactiva.

“El proyecto de ley 437 no es justamente velar y proteger los derechos de las víctimas y mucho menos de los familiares. Este proyecto atenta contra la seguridad física y emocional de los padres y familiares que hoy sufren la pérdida de un ser querido. (Es) estar mediante un proceso legal por años para luego ver cómo le conceden la libertad”, dice la motivación de la petición.

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Los cambios que introduce el proyecto son, esencialmente, que todo confinado, no importa la cantidad de años que representa la pena impuesta, podrá ser elegible a libertad bajo palabra a más tardar 15 años desde su reclusión y cinco cuando se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. La fórmula es 75% del tiempo de condena, pero nunca más de 15 años.

En condenas de asesinato, reduce de 35 a 25 años, y de 15 a 10 años si es menor procesado y sentenciado como adulto, el tiempo de reclusión mínimo antes de que la persona pueda ser considerada para dicho privilegio. Si la persona tiene una condena por múltiples delitos que un tribunal ha dispuesto que se tienen que cumplir de manera consecutiva (una detrás de la otra) en vez de concurrente (simultáneo), el proyecto ahora va a permitir ser elegible para el privilegio después del término mínimo dispuesto para solo para el delito de pena mayor, en vez de sumar los términos de todos los delitos.

El P del S 437 es de la autoría de las senadoras Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad) y Gretchen Hau (Partido Popular Democrático), y la votación del pasado 4 de octubre fue de 24 a favor y tres abstenidos.

“La vida de nuestros hijos no vale 25 años o 15, no se hace justicia soltando a criminales a la calle, sentenciados y convictos. Comiencen a trabajar la rehabilitación desde adentro”, piden los creadores de la petición.

«Las familias de las víctimas del crimen queremos que se nos protegan nuestros derechos. Nuestros hijos también tienen derechos», agregan.

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Ayer, la coordinadora general de la Alianza para la Paz Social (ALAPÁS), Angélica García Romero, opinó que “los que tienen derecho son los acusados, las víctimas no tienen derechos constitucionales, por eso recalcamos que no estamos en contra de los derechos de los demás, sino que nosotros también tenemos que tener derechos, (el proyecto) deja a un lado nuestros derechos por los derechos del acusado”.

ALAPÁS es un grupo especializado en atender las necesidades de las víctimas de delito.

Esta mañana, Emanuelli pidió a la Legislatura que rehaga el proyecto para que consideren los derechos de las víctimas de los crímenes.

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La petición en change.org se estableció una meta de 1,500 firmantes y a las 11:20 am ya tenía 1,201 firmas de apoyo.