González Magaz se expresó a propósito del Proyecto de la Cámara (PC) 768, de la representante Lisie J. Burgos Muñiz, que busca tipificar como abuso sexual o maltrato el permitir que un menor se someta a un tratamiento para construir la identidad de género que sea “no congruente a la genética sexual”.

El Departamento de la Familia, por voz de su secretaria Carmen Ana González Magaz, se opuso al intento legislativo más reciente de prohibir tratamientos hormonales o cirugías para construir la identidad de género en menores de edad, al citar que la acción violentaría sus derechos y la dignidad como seres humanos.

González Magaz se expresó a propósito del Proyecto de la Cámara (PC) 768, de la representante Lisie J. Burgos Muñiz, que busca tipificar como abuso sexual, maltrato o maltrato institucional, si aplica, el permitir que un menor se someta a un tratamiento hormonal o cirugías para construir la identidad de género que sea “no congruente a la genética sexual”.

Aunque el proyecto busca prohibirlo, las terapias de afirmación de género son respaldadas y practicadas en diversas partes del mundo por científicos, profesionales e instituciones reconocidas de la salud, como la American Psychological Association (APA), John Hopkins y el Mayo Clinic, entre otros y se utilizan por jóvenes transgénero.

“El Departamento de la Familia no puede fomentar legislación que vulnere derechos y/o constituyan una intromisión en el derecho a la patria potestad de los padres. El asunto sobre la identidad de género debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo», expuso la Secretaria de la Familia en su ponencia.

A esto añadió: «Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera uno de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”.

Según el proyecto de ley, padres o tutores de los menores que sean sometidos a estos tratamientos se exponen a una pena de cárcel de hasta 12 años y una multa ascendente a $5,000. También multaría a los profesionales de la salud que recomienden este tratamiento a menores de 18 años y a las aseguradoras que cubran estos tratamientos.

El documento de unas cinco páginas subraya el rol que juega el Departamento de la Familia como agencia, así como la sección 1 de la Constitución de Puerto Rico, en donde se establece que la dignidad del ser humano es inviolable.

La ponencia también cita a la APA para definir lo que es orientación sexual —“una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros que existe a lo lardo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad”— y su distinción de sexo biológico, el rol social del sexo y la identidad de género.

“Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente”, expresó González Magaz.

El PC 768, que está en proceso de vistas públicas, ha recibido el rechazo de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), por considerar que sientan un mal y peligroso precedente para el pueblo.