El caucus popular elaboró nueve enmiendas al lenguaje del contrato para enmendarlo, entre ellas asegurar los derechos adquiridos de los empleados de la AEE.

El caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, que representa la mayoría de ese cuerpo legislativo, aprobó de manera unánime enviarle un ultimátum a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que, en caso de no llegar a acuerdos en las próximas 24 horas, derrotar la petición presupuestaria de $750 millones que LUMA Energy requiere para comenzar a manejar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Los 750 millones de dólares provendrían del Fondo General, según explicó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que es un fondo que no le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Es dinero que puede utilizarse para otros fines.

“Hemos llegado a un acuerdo para ver de qué manera, de buena fe, podemos aprobar el contrato. De no llegar a un acuerdo en 24 horas, en la tarde de hoy estaremos radicando una resolución y tendrá una vista mark up mañana a las nueve de la mañana. De no llegar a ningún entendido, derrotaremos la asignación de fondos. Esa fue la determinación unánime”, exclamó Hernández Montañez el martes desde su oficina.

La JSF le otorgó a la Asamblea Legislativa hasta el 13 de mayo para que apruebe los fondos, cosa que, según Hernández Montañez, se debe posponer para entonces discutir los cambios propuestos al contrato con LUMA Energy, que supone entrar en vigor el 1 de junio.

Hernández Montañez aseguró que la petición llegó por parte de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, pero sin conocimiento de los demás integrantes del ente financiero.

“Es más, pregunten si hay evidencia de una reunión donde se haya deliberado el notificarle a la Cámara de Representantes que tenían tres días para aprobar esta Resolución”, exhortó Hernández Montañez, quien se reunió durante el fin de semana con dos de los integrantes de la Junta Fiscal durante su viaje a Washington y Nueva York.

El caucus popular elaboró nueve enmiendas al lenguaje del contrato. El representante Luis Raúl Torres Cruz explicó que las enmiendas buscan, entre otras cosas, asegurar los derechos adquiridos de los empleados de la AEE, eliminar en su totalidad la cláusula que permitiría que, ante eventos de causa mayor como un huracán, LUMA pudiera irse de la Isla, al igual que eliminar todas las cláusulas que disponen reembolsos para la empresa, como pago de impuestos, entretenimiento y abogados.

“Eso para nosotros es faltarle el respeto al pueblo de Puerto Rico de austeridad fiscal. LUMA Energy está bendecido porque todo se les paga. A ninguno de nosotros funcionarios electos se nos pagan gastos de entretenimiento como dice esa cláusula. Si se necesitan, que se negocien, pero no pueden ser gastos extravagantes e innecesarios”, subrayó Torres Cruz.

En el fin de semana, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió un veto expreso a la Resolución Conjunta 88 de la Cámara que, entre otros asuntos, buscaba posponer el contrato de LUMA Energy. Entre sus razones aludió a que la medida era inconstitucional, pues menoscaba obligaciones contractuales vigentes y significativamente inconsistente con los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico y la AEE.

De acuerdo con Torres Cruz, las demás enmiendas piden que sea la Junta de Gobierno de la AEE la que supervise el cumplimiento del contrato, en lugar de las Alianzas Público Privadas, ya que esta última no tiene la experiencia ni el conocimiento para hacerlo.

«No puedes aprobar un contrato que está mal hecho. Estamos dando espacio de buena fe. Parece ser que esa carta que somete la señora Jaresko fue con mala fe, porque cómo me vas a decir que en cuatro años no sabes cómo se aprueba una resolución en un cuerpo legislativo», cuestionó, por su parte, el representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside la Comisión de Presupuesto.

Hernández Montañez, por su parte, destacó que la determinación de rechazar el contrato sería “contundente” y va a “retumbar en todos los mercados de capital del mundo”, por lo que instó a la JSF a evaluar la petición del caucus. Añadió que le toca ahora a la Junta probar que trabaja de buena fe.

La Cámara de Representantes había condicionado el nombramiento de Manuel Torres Nieves como contralor a la posposición del contrato de LUMA Energy. Con este nuevo desarrollo, según Hernández Montañez, esa postura podría cambiar.

«Lo prudente es atender esto a corto plazo y luego sentarnos y dilucidarlo, pero yo creo que los derechos de los trabajadores son más importantes que un nombramiento», subrayó Hernández Montañez.

El presidente de la Cámara no quiso adelantar si retaría en los tribunales un intento de que ese dinero sea asignado por la vía Ejecutiva, mediante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin contar con la Asamblea Legislativa.