Denuncian mal manejo de fondos federales y la Cámara de Representantes se dispone a convocar una vista pública para que el administrador, Alejandro Salgado Colón, rinda cuentas.

La Cámara de Representantes enviará una misiva a la Administración de Vivienda Federal (HUD) y al Inspector General Federal por el supuesto mal manejo de fondos federales en la Administración de Vivienda Pública (AVP) para que se investigue a fondo la supuesta falta de una sana administración y el riesgo de perder millones en fondos federales.

Los señalamientos lo hicieron el representante Angel Fourquet Cordero quien preside la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes y el candidato a representante por acumulación Gabriel López Arrieta.

«La denuncia principal tiene que ver con el mal manejo de fondos federales por parte de la Administración de Vivienda Pública en Puerto Rico. Ha habido un sinnúmero de denuncias puntuales, situaciones particulares, pero el contexto en que todo se da es realmente un pobre manejo de los fondos federales y hay un informe federal que salió recientemente que confirma lo mismo», expresó a NotiCel Fourquet Cordero.

Dentro de las irregularidades que se han estado denunciado, está el Programa de Asistencia para la Renta de covid-19, así como múltiples irregularidades que fueron reportadas en la antigua égida Leopoldo Figueroa en Río Piedras.

Además, señalamientos de la oficina de la Inspectora General de Puerto Rico en un informe entre los años 2021-2024 contra la AVP donde reflejan posibles irregularidades en el uso de $7.8 millones.

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Dicho análisis del Inspector General cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 1 de marzo de 2024, en la implementación y administración del Programa de Asistencia para la Renta por covid-19.

Además, se descubrieron 878 casos de fraude confirmados totalizando aproximadamente $2.75 millones, según expuso el exadministrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta

«De estos, 450 casos aparecían asignados al investigador de fraude y 428 casos no estaban asignados o estaban en blanco», dijo López Arrieta en conferencia de prensa.

“Es inaceptable que los fondos destinados a mejorar la vida de las comunidades vulnerables hayan beneficiado a contratistas sin intervención de la AVP. ⁠El informe cuestiona pagos millonarios a contratistas, mencionando específicamente ganancias injustificadas de más de $7 millones con márgenes de 36% al 52%. Se exige una rendición de cuentas inmediata y que los responsables paguen ante la justicia”, sostuvo Fourquet Cordero.

El representante popular dijo a NotiCel que ahora se dispone a solicitar información a Vivienda para convocar una vista pública en las próximas semanas para poder profundizar en el tema y para que su administrador, Alejandro Salgado Colón, dé explicaciones.

«Hay un vacío enorme en términos de la agencia investigadora, a pesar de que hay unas denuncias y situaciones que se han denunciado en el tema de vivienda pública, especialmente, hemos visto situaciones como los hogares en San Juan, hemos visto situaciones como los fondos COVID, que ya se reportaron cientos de casos ya de fraude, que se han determinado y identificado ya como fraude. Así que estamos bien preocupados…», sostuvo el representante.

«Yo no quiero pensar qué pasaría si Trump llegara al poder nuevamente, porque él está en récord diciendo que estos fondos para Puerto Rico eran demasiado o hicieron mal uso de ellos. Pero si nosotros caemos en este tipo de conducta como lo que se acaba de referir en vivienda pública, pues nosotros estamos exponiéndonos a pérdidas de fondos. Por eso es que yo digo que es bien importante demostrar ser proactivo», comentó.

Fourquet Cordero también cuestionó la fiscalización de Jenniffer González como comisionada residente y la representación de Puerto Rico ante el gobierno federal.

«Esa falta de proactividad de las otras agencias fiscalizadoras, incluyendo a la compañera comisionada de residente, que es la representante del gobierno de Puerto Rico en el foro federal. Está en el gobierno federal y ha guardado silencio sobre esto. Así que estamos intercediendo en nuestra facultad legislativa», apuntó.

Luego de las denuncias, el Departamento de Justicia se expresó desmintiendo el recibo de un informe de la OIG por el mal manejo de fondos federales de la AVP.

«La semana pasada advenimos en conocimiento de que la propia OIG refirió el asunto a las autoridades federales por tratarse de fondos federales, lo que limita la jurisdicción local. En el Departamento de Justicia siempre evaluamos con rigor todo referido ante nuestra atención que cumple con los criterios básicos en nuestra jurisdicción», concluyeron en declaraciones escritas.