La medida tuvo oposición de la mayoría legislativa.

Como antesala al primer Mensaje de Presupuesto y Estado del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, la Cámara de Representantes derrotó la medida para financiar la elección de seis cabilderos que abogarían por la estadidad en Washington, D.C.

El anuncio, que llegó por voz del presidente Rafael «Tatito» Hernádez Montañez, también está acompañado de un pleito judicial incoado por el funcionario contra el Gobernador y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, para declarar inconstitucional la Ley 165 de 2020 que ordena dicha consulta.

“Nosotros, de forma proactiva, responsable, diligente, radicamos la Resolución solicitando los 1.8 millones, la cual la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) no hizo y en el día de hoy fue atendida en la Comisión de Hacienda en una sesión de ‘mark up’. Fue derrotada”, resumió Hernández Montañez.

Mediante una carta publicada la semana pasada, la Junta de Control Fiscal (JCF) dejó en sus manos de la Asamblea Legislativa la asignación de fondos para la elección especial, que se celebraría el 16 de mayo, en respuesta a la petición de asignación de fondos hecha por Pierluisi Urrutia.

Sin embargo, en la Legislatura dominada por el Partido Popular Democrático (PPD) no ha habido ambiente para continuar los esfuerzos proestadidad, que además se basan en los resultados del plebiscito de noviembre de 2020.

La derrota de la resolución se une a la aprobación del Proyecto de la Cámara 21, en el cual se derogan las Leyes 165 y 167 sobre la consulta de estatus y la elección especial. Esa medida en particular, según Hernández Montañez, está de camino a La Fortaleza, pero ya Pierluisi Urrutia adelantó que la vetaría y la Asamblea Legislativa no cuenta con los votos para ir por encima del veto.

Como vía alterna Hernández Montañez acudió a los tribunales, basándose en que la Ley 165-2020 es inconstitucional, porque le otorga al Primer Ejecutivo el poder de convocar a una elección especial sin consultar a la Legislatura.

“Estamos tomando toda esta evidencia desde la medida radicada, los resultados de las votaciones y la evidencia de los votos en el markup, para demostrarle la intención de la política pública de la Cámara. La Junta ahora va a tener las evidencias para hacer una reunión y tomar una decisión. Es dinero no esencial que se distancia del Plan Fiscal”, declaró Hernández Montañez.

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La visita al tribunal es subvencionada por un contrato fijo de la Cámara de Representantes con un bufete de abogados por cerca de $13,000 al mes.

“Es oneroso, pero la democracia hay que defenderla y prefiero hacerlo con esos recursos que con plomo, como se hace en otros países”, destacó Hernández Montañez.

El presidente cameral también compartió el resultado en sus redes sociales, donde detalló que la resolución tuvo 12 votos en contra y solo dos a favor, lo que supone que varios de los legisladores del PNP, quienes endosan la propuesta, no se presentaron a la votación.

Según el registro fotografiado por Hernández Montañez, los representantes Carlos “Johnny” Méndez Nuñez y Gabriel Rodríguez Aguiló no emitieron su voto. Este último se encontraba en el hemiciclo al momento de la sesión «mark up».