El acuerdo con LUMA Energy estipula que, ante una “fuerza mayor”, la empresa estaría exenta de cumplir con sus obligaciones contractuales.

LUMA Energy, a quien se le cedió la administración del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica de Puerto Rico por al menos 15 años, podría irse de la Isla en medio de un huracán y dejar su operación a medias, porque el contrato de la transacción así se lo permite.

Aunque es información que se había comentado previamente, el dato preocupó a los representantes Luis Raúl Torres Cruz y Denis Márquez Lebrón, quienes increparon a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), ayer durante una vista pública en el Capitolio.

“Nadie quiere que esa sea la interpretación y esperamos que esas no sean las circunstancias, pero reconocemos que una entidad como la Autoridad de Energía Eléctrica, en quiebra, bajo todas las condiciones, hay una realidad y unas obligaciones de cómo se va a coordinar el contrato. Se excusa de incumplimiento ante ese evento extraordinario, no dice huracán, pero se enmarca dentro de ese huracán”, explicó Marrero Díaz.

El acuerdo con LUMA Energy estipula que, ante una “fuerza mayor”, la empresa estaría exenta de cumplir con sus obligaciones contractuales. Según Marrero Díaz, ese concepto se enmarca en la declaración de estado de desastre en Puerto Rico por parte del Gobierno de los Estados Unidos, como sucedió tras el huracán María en el 2017.

“Pudiese excusar el incumplimiento, pero nosotros nos quedamos con el sistema porque el sistema es nuestro, nunca lo cedimos”, señaló Marrero Díaz, quien añadió que ante esa eventualidad, el gobierno local puede buscar otros proveedores de servicio.

Las respuestas consternaron a Torres Cruz y Márquez Lebrón porque, de la manera en que está escrito en el contrato, se deja abierto a interpretación.

Torres Cruz, representante del Partido Popular Democrático (PPD), abogó por eliminar esa cláusula en el contrato, porque dejaba al país desprovisto en medio de una emergencia.

“Esa cláusula hay que volarla del contrato. ¿Cómo le vamos a dar la salida a LUMA de que si el gobierno federal declara a Puerto Rico zona de desastre en caso de un huracán, ellos se pueden ir?”, cuestionó Torres Cruz, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, que encamina la investigación del contrato con LUMA Energy a través de la Resolución de la Cámara de Representantes (RC) 136.

A Márquez Lebrón, por su parte, le pareció indignante que la empresa pueda interpretar el contrato de esa forma y que el gobierno local lo acepte. Destacó, además, que quien decidirá cómo interpretar la cláusula será el tribunal.

“El mensaje al país hoy es: ‘mire gente, si aquí viene un huracán, es posible que los que administren el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica pueden coger los bártulos e irse a buen sitio. La interpretación es que un huracán es fuerza mayor ya en Puerto Rico para rescindir el contrato más grande en la historia de Puerto Rico», argumentó Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

A eso añadió que «dos, que hay posiblemente en conflictos de interpretación entre el gobierno y LUMA, pero al fin y al cabo no lo decidirá ninguno de nosotros. Lo va a decidir un tribunal, porque es una cláusula ambigua, que genera alarma, que genera indignidad”.

LUMA Energy supone asumir el control del sistema el 1 de junio, fecha en que comienza la temporada de huracanes. Sin embargo, el representante Cruz Torres planteó durante la vista pública que no hay nada listo para cumplir con esa fecha.

En una vista previa, dos de los ocho miembros de la Junta de Gobierno de la AEE solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aplazar la fecha hasta el 1 de enero del 2022.