Todavía no se sabe si una trabajadora social asignada a la familia Kaylianis Isabel Soto Roque hizo su trabajo a cabalidad.

Mientras el Departamento de la Familia anuncia una investigación administrativa por posibles fallas en el manejo de un caso de menores, la agencia se mantiene parca sobre otra, esta ordenada en diciembre por la secretaria Ciení Rodríguez Troche y que guarda relación con el asesinato de una infante de un año en Aibonito.

Rodríguez Troche admitió hoy que no estaba satisfecha con el manejo por parte de la agencia que dirige del caso de cinco menores encontrados el domingo viviendo en condiciones infrahumanas en el residencial Luis Palés Matos, de Guayama, por lo que anunció que había ordenado una investigación administrativa al respecto.

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Sin embargo, se limitó a indicar que está en una etapa avanzada la pesquisa que ella misma ordenó en diciembre sobre las actuaciones de una trabajadora social asignada al caso de la niña Kaylianis Isabel Soto Roque, presuntamente asesinada por su padrastro en un atroz caso de maltrato en el residencial Villa de La Rosa, en Aibonito. Por el crimen fueron acusados Jovanie Aponte Ríos, quien presuntamente la agredió sexualmente también y su madre Yaniré Roque Lupiáñez.

Aponte Ríos espera por la fecha del inicio de su juicio tras renunciar a la vista preliminar y Roque Lupiáñez está en proceso de vista preliminar por asesinato estatutario y maltrato de menores.

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“Esta investigación ha sido una extensa y delicada, que implica múltiples entrevistas y revisión de todos los detalles del caso, incluyendo la verificación del expediente y las intervenciones. Entendemos que ya se está culminando con las entrevistas realizadas para redactar conclusiones y luego pasarla al área legal para recomendaciones”, indicó Rodríguez Troche en declaraciones escritas al referirse al caso de Aibonito.

Sin embargo, la propia Rodríguez Troche indicó al la prensa a mediados de enero que la investigación de Aibonito estaba en su fase final. En diciembre, Rodríguez Troche anunció que la trabajadora social del caso había sido separada de todos sus casos asignados. La Secretaria no reveló el nombre de la mujer al sostener que había sido blanco de amenazas y, luego de que se supiera que la familia vivía en condiciones infrahumanas, Rodríguez Troche nunca confirmó si la trabajadora social había reportado ese escenario en sus informes.

Rodríguez Troche indicó a la prensa que se recibieron cuatro referidos sobre la familia antes de febrero del 2023 y estaban relacionados a la pareja previa de Soto Roque. No obstante, luego indicó que el primero fue en el 2021 porque el padre de uno de los menores se quedó dormido y uno de los infantes salió del apartamento.

Ese individuo dejó el núcleo familiar en junio del año pasado. Como resultado de esos referidos, la residencia fue visitada en 13 ocasiones, se activó un plan de servicio y Rodríguez Troche dijo en diciembre que se estaba cumpliendo.

La visita más reciente antes de la tragedia fue el 22 de noviembre y la niña fue asesinada el 18 de diciembre.

En septiembre del 2023, en una de las visitas a la familia, la trabajadora social conoció a Aponte Ríos.

“De febrero 2023 al 18 de diciembre de 2023, cuando nos levantamos con la triste noticia… no figura ningún referido o llamada a la Línea de Maltrato ni relacionado con mamá ni con el individuo acusado”, dijo Rodríguez Troche cuando anunció la investigación administrativa en diciembre.

Sin embargo, vecinos de la familia indicaron a la prensa que se habían comunicado sobre el supuesto patrón de maltrato.