Ciudadanos piden que se consideren una actividad comercial, que se clasifiquen según su escala de operación y que se atienda el problema del desplazamiento.

Un grupo de residentes y organizaciones comunitarias se manifestó este lunes en la plazoleta frente a El Capitolio para exigir que la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado lleve a cabo una segunda vista pública en torno al PC 1557, medida que busca regular los alquileres a corto plazo y que se enmiende el proyecto para minimizar el impacto de ese negocio sobre la disponibilidad de vivienda asequible y el desplazamiento.

“Exigimos que cualquier regulación reconozca que los alquileres a corto plazo son un negocio turístico. Es absurdo decir que un hospedaje turístico por dos o tres días es un uso residencial. Esta política desarticula la vida en comunidad, sustituye residentes por turistas y deja a nuestra gente sin un lugar donde vivir, sin vecinos que les apoyen, y sin posibilidad de conseguir una casa a precios accesibles,” dijo Yvette Diaz Marchán, de la Asociación de Titulares Urbanización Dos Pinos en Rio Piedras, en declaraciones escritas.

“El turismo de masas no puede ir por encima al derecho a la vivienda”, agregó

Explicó que, aunque la versión del Proyecto de la Cámara 1557 que se llevó a votación consideraba los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, se enmendó y aprobó para que se considere un negocio solo para propósitos contributivos.

“Hace apenas tres semanas luchamos porque hubiera vistas públicas, solo para que se abriera un proceso que excluye a la mayoría de las organizaciones comunitarias que solicitaron participar. El impacto de ese negocio se manifiesta de manera distinta en las islas municipio, en urbanizaciones, barriadas, centros urbanos, históricos, zonas rurales y costeras, por lo que cualquier legislación debe tomar esas diferencias en cuenta,” recalcó Kathy Gannett, líder comunitaria de Vieques.

“Denunciamos que la Comisión del Senado no quiera escuchar la voz de Vieques a pesar de que he solicitado espacio en reiteradas ocasiones. Las islas de Vieques y Culebra están asediadas por alquileres de corto plazo desplazando la población”, añadió.

Denunciaron que el Proyecto de la Cámara 1557 bajó a votación en el pleno del Senado el pasado 4 de abril con un informe positivo de la Comisión, sin celebrar ni una sola vista pública. Solo la presión de representantes de varias comunidades, exigiendo que se escucharan sus planteamientos, logró que se enviara devuelta a la Comisión para la celebración de la vista pública del día de hoy.

Sobre 1,500 personas y organizaciones firmaron un manifiesto comunitario que contiene los principios rectores que debe considerar cualquier legislación para ser justa y balanceada. El reclamo comunitario se fundamenta en estudios llevados a cabo por reconocidos académicos y organizaciones, además de la documentación de la prensa. Entre 2014 y 2023, las unidades de ACP en Puerto Rico crecieron de 1,000 unidades a 25,000.

“No buscamos la eliminación de los alquileres a corto plazo. Exigimos a los miembros de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado que cumplan con su responsabilidad de considerar las necesidades de TODOS los sectores del país, de manera justa y balanceada, y no solo la industria de los alquileres a corto plazo”, dijo Ivette Pérez de la Asociación de Titulares de Condominios. “Con el mismo empeño en que buscan ampliar la industria turística, deben tomarse medidas para que los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan permanecer en su país porque pueden conseguir vivienda y porque se protege la vida en comunidad“, abundó.

¿ Cuáles son las enmiendas que proponen las comunidades?

Las principales enmiendas propuestas son:

1. Propuesta: Catalogar los ACP como una actividad comercial para todos los fines legales y requerir todos los permisos, pago por servicios, impuestos y procesos legales relacionados a ese tipo de actividad.

2. El P de la C 1557 no distingue entre los distintos tipos de anfitriones y sus escalas de operación.

Propuesta: Adaptar la regulación a la diversidad de tipos de anfitriones y a sus escalas de operación. Proponemos que una propiedad de ACP pueda mantenerse como de uso residencial siempre y cuando la resida un anfitrión, que a su vez esté presente durante las estadías. Esta excepción se debe limitar a anfitriones que destinen hasta un máximo de dos unidades de habitaciones en su residencia y/o una unidad independiente en la misma propiedad. En estos casos, la propiedad sólo se consideraría como una comercial para efectos contributivos. Los dueños de las propiedades a ser destinadas como ACP al amparo de esta excepción deberán ser personas naturales, y no corporaciones.

3. El P de la C 1557 no atiende el problema del desplazamiento de las comunidades.

Propuesta: Establecer claramente la política pública de reconocer la vivienda y la permanencia de las comunidades como un derecho. Se deben establecer topes a los apartamentos que pueden destinarse a alquileres a corto plazo dentro de un mismo edificio y a las unidades que puedan ser administradas, operadas o mercadeadas por un mismo Anfitrión, a los fines de evitar el acaparamiento. También se deben establecer como principios de política pública proteger la sana convivencia, la integridad del carácter de las comunidades (incluyendo las zonas residenciales), la cohesión comunitaria, las áreas naturales de alto valor ecológico y agrícola, las zonas históricas y el derecho a la vivienda asequible.

4. El P de la C 1557 limita las facultades de los municipios y la participación ciudadana.

Propuesta: El rol de los municipios debe ser más abarcador, reconociendo todas las facultades ya establecidas en el ordenamiento, tal como el Código Municipal. También se les debe exigir que realicen procesos participativos vinculantes para demarcar las zonas en que se permite realizar la actividad de ACP en su jurisdicción y la densidad de unidades que puede haber en cada área, así como adoptar ordenanzas que propendan a la sana convivencia, manteniendo el carácter residencial de las comunidades, la cohesión comunitaria y protegiendo las zonas históricas, tierras de alto valor ecológico y agrícola. Son los municipios quienes conocen su territorio y las necesidades de cada uno de sus sectores.

5. El P de la C 1557 no contempla los recursos y mecanismos necesarios para asegurar su fiscalización.

Propuesta: La ley debe aumentar el impuesto de ocupación a un 11%, de manera que los recaudos adicionales sean utilizados para la fiscalización y para promover la vivienda asequible. Una parte de los recaudos tiene que destinarse a los municipios que por su cercanía están en mejor posición de fiscalizar efectivamente. El destinar fondos a vivienda asequible le permite a la Legislatura, promover una política pública que contribuye a resolver un problema mayúsculo en el país y beneficiar a una parte extensa de la población.

6. El P de la C 1557 no protege el carácter residencial de condominios sujetos al régimen de propiedad horizontal.

Propuesta: Aclarar que los alquileres a corto plazo estarán permitidos sujeto a que estén expresamente autorizados en la escritura matriz de cualquier propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal.