Ascienden a $140,761 por servicios profesionales sin que mediara un contrato.

La contralora Yesmín Valdivieso informó el martes que una auditoria culminó con una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de la Vivienda Pública del Departamento de Vivienda.

“El Informe revela que la Administración de la Vivienda Pública, realizó pagos por $140,761 por servicios profesionales sin que mediara un contrato entre las partes. Los servicios prestados de adiestramientos, tasaciones, charlas motivacionales, talleres y animaciones, se realizaron mediante órdenes de compra del 18 de mayo de 2017 al 21 de julio de 2021”, dijo la contralora en declaraciones escritas.

La auditoría señala que la Administración solicitó una propuesta a un solo proveedor para los servicios de clínicas acuáticas a niños y jóvenes de los residenciales públicos, en vez de un proceso de competencia. Al respecto, se efectuaron pagos indebidos por 85,150 dólares, y se privó a otros proveedores la posibilidad de participar en los procesos de adquisición como dispone el Manual de Adquisiciones. Estos pagos se realizaron con los fondos operacionales del US Department of Housing and Urban Development”, añadió.

Se determinó que el administrador auxiliar del Área de Programas Comunales y de Residentes, pudo incurrir en una posible violación de la Ley 1-2012.

“Este funcionario no era el encargado de Adquisiciones y participó activamente en el perfeccionamiento de la propuesta antes de presentarla a la Administración. Esta situación se refirió a la evaluación de la Oficina de Ética Gubernamental el 4 de mayo de 2023”, sostuvo.

“La auditoría le recomienda al secretario de la Vivienda y al presidente de la Junta de Gobierno que cumpla con las recomendaciones del Informe y se corrijan y no se repitan las situaciones comentadas en el Hallazgo”, concluyó.

Este segundo informe de la Administración de Vivienda Pública, cubre el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.