Comité Mediador de la deuda de la AEE, integrado por jueces, lanza dudas serias sobre la forma en que la Junta de Supervisión Fiscal se ha conducido hasta ahora en la negociación de la deuda.

Tras casi seis meses de trabajo, el Comité Mediador en el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hizo recomendaciones a la jueza Laura Taylor Swain para la continuación de la negociación que ponen en duda el desempeño en ese proceso hasta ahora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Inicialmente, el grupo de tres jueces había aludido a «dolencias» y «malentendidos» que surgieron en las discusiones y que habían provocado su decisión de avisar el viernes de la semana pasada que el proceso había terminado sin un acuerdo.

Pero, en una moción posterior, el grupo abundó en las condiciones que entiende podrían facilitar la negociación si Swain decide retomar ese esfuerzo.

Estas incluyen que se le instruya a los miembros de la Junta a participar personalmente de las sesiones «sin dilación indebida a la calendarización de dichas sesiones» y a un «negociador principal» que «facilite» la interacción entre las partes y que tenga la obligación de mantener a los miembros de la Junta «informados y preparados» para participar en la negociación. También, creen que Swain debe «sugerir fuertemente» que se contrate a un asesor financiero exclusivamente para esta negociación, y que se establezca que la Junta debe obtener «prontamente» cualquier información necesaria para la negociación que esté en manos de la AEE o del operador privado de la red eléctrica, Luma Energy LLC.

Además, entienden que la negociación se beneficiaría si, a la par con los litigios que recomendó la Junta sobre los derechos de los bonistas, se desarrolla un proceso paralelo en el que el ente fiscal desarrolle un plan de ajuste de deuda que incluya escenarios alternos y que el mismo se discuta en vista.

Las partes reaccionaron a estas sugerencias del comité sin que ninguna, excepto la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (UTIER) y el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE) mencionara las dificultades de estar discutiendo esto en el tribunal a la vez que en el mundo real los puertorriqueños siguen sufriendo las carencias y fragilidades que dejó el huracán Fiona a su paso por la isla hace una semana.

La Junta defendió que sus miembros han participado en la negociación, cuando ha resultado «práctico y beneficioso» y reclamó que se le respete su discreción y autonomía bajo la Ley PROMESA para tomar decisiones sobre consultores y sobre sus negociadores. De hecho, confirmó que su «negociador principal» es un consultor (que no identificaron) y que, hasta ahora, solo se han concentrado en discutir términos con los bonistas de la corporación pública, y no el sistema de retiro de empleados.

En el caso de quiebras, el abogado Carlos Lamoutte ha levantado cuestionamientos sobre los conflictos de interés que tienen el principal asesor de la Junta, McKinsey & Co., y el bufete O Neill & Borges porque, a la vez que representan al ente fiscal, tienen clientes en el área de energía como: AES Puerto Rico LP, EcoEléctrica LP, New Fortress Energy LLC h/n/c NFEnergía LLC y Puma Energy Caribe LLC.

Sobre el desarrollo de un plan de ajuste con escenarios alternos, argumentó que son demasiadas las posibilidades como para ponerlas de manera práctica en un solo plan y que consumiría tiempo y recursos.

El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, suscribió la postura de la Junta y que «un acuerdo a cualquier costo por el solo hecho de llegar a un acuerdo no está en el mejor interés de Puerto Rico».

Los bonistas, por su parte, favorecieron las recomendaciones del comité mediador porque mantiene el caso «encaminado a resolver la pregunta de cuánto es que la AEE puede pagarle a sus acreedores». A contrapelo, el sindicato y los pensionados rechazaron la propuesta del comité precisamente porque presentar un plan de ajuste con escenarios alternos «vicia el proceso y lo mantiene enfocado erróneamente solo en la capacidad de pago de la AEE».

La jueza discutirá la controversia en una vista el miércoles.

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