La jueza Laura Taylor Swain había pedido a la Junta que explicara porque había que invalidar las leyes.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko informó el martes que presentó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y las agencias gubernamentales en el Tribunal Federal con el fin de impedir que el gobierno ponga en vigor la Resolución Conjunta 33 del 2021 y las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, sobre retiro de empleados de gobierno.

Esta acción se da luego de que la jueza Laura Taylor Swain le pidiera a la Junta que explicara porque había que invalidar las leyes.

“El Gobierno promulgó las Leyes 80, 81 y 82 en agosto de 2020 sin analizar suficientemente cuánto costarían los nuevos beneficios de retiro y cómo se pagarían los costos adicionales. Las administraciones del gobernador Pierluisi y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced acordaron explícitamente no implementar las tres leyes hasta tanto el Gobierno y la Junta no acordaran un plan de implementación asequible”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

Según Jaresko, la Ley de Pensiones promete un aumento en los beneficios que podría costar $8,300 millones adicionales.

“Durante más de un año, la Junta se ha comprometido con el Gobierno a explorar formas de convertir asequibles las leyes. La Junta propuso un enfoque en junio de 2021 que podría funcionar en relación con una implementación parcial de la Ley 80. El Gobierno nunca hizo ninguna propuesta para implementar las Leyes 81 y 82. Finalmente, nunca se llegó a un acuerdo sobre la implementación de ninguna de estas leyes. Ahora bien, la acción legal es necesaria porque el Gobierno promulgó la Resolución Conjunta 33-2021, la cual pretende requerir la implementación parcial de la Ley 80 en un plazo de 30 días”, sostuvo.

La Ley 80- 2020 propone un programa de Retiro Incentivado para los empleados públicos. Entretanto, la Ley 81-2020 procura un retiro digno para los empleados del Departamento de Seguridad Pública (Policías, Bomberos, Emergencias Médicas y Manejo de Emergencias) y los oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Finalmente, la Ley 82-2020 pretende que los maestros puedan autorizar que se les destine el balance y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones.

De otra parte, La Junta presentó su respuesta a la solicitud de la jueza Taylor Swain, sobre ciertos aspectos del Plan de Ajuste propuesto.

“La Junta ha presentado además un Plan de Ajuste enmendado para abordar ciertos comentarios adicionales del Tribunal, que incluyen disponer sobre el pago completo a las reclamaciones autorizadas por expropiación forzosa y condena inversa si el tribunal se adhiere a las opiniones de su orden y la orden de confirmación emitida por el Tribunal pasa a ser definitiva. Dichas enmiendas también incluyen una condición para la vigencia del Plan con respecto a la anulación o inaplicabilidad determinada de las tres leyes de pensión inconsistentes”, concluyó.