Lee aquí los principales puntos del plan

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, informó el sábado que se radicó un Plan de Ajuste enmendado para reestructurar aproximadamente 35 mil millones de dólares deuda y otros reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE).

“El plan refleja un mejor Plan de Apoyo Acordado (PSA, por sus siglas en inglés) con el apoyo de un grupo de tenedores de bonos del Gobierno de Puerto Rico, en comparación con el que radicó la Junta de Supervisión el pasado 9 de febrero. El plan enmendado presenta una mejor oportunidad para sacar a Puerto Rico de la bancarrota. Sin lugar a dudas, la quiebra tiene el efecto de retrasar el progreso de la isla”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

Expresó que “con la aprobación de este plan se reduciría el tiempo que le tomaría a Puerto Rico salir de la bancarrota y los costos legales de un litigio prolongado. Puerto Rico tomaría un nuevo rumbo, ofreciendo más y mejores posibilidades para la inversión, el crecimiento económico y nuevas oportunidades para la prosperidad económica para el pueblo de Puerto Rico”.

El Plan de Ajuste enmendado, la Declaración de Divulgación y el Plan de Apoyo Acordado están disponibles en la siguiente dirección web: oversightboard.pr.gov/documents/

El acuerdo contiene cinco elementos de reestructuración de la deuda: la deuda del Gobierno Central, la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la deuda del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE), reclamos por cantidades retenidas y reclamos generales no asegurados contra el Gobierno, la AEP y SRE.

“El plan se pudo negociar mediante concesiones significativas por parte de tenedores de bonos y otras partes que tienen reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico. Las concesiones permiten ahorrar millones de dólares en el servicio de deuda para así proteger las pensiones de los empleados y los servicios gubernamentales”, mencionó.

La funcionaria resaltó la siguiente información del acuerdo.

El plan enmendado reduce la deuda del Gobierno de Puerto Rico, entre otros reclamos, un 70%, de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que representa una reducción de $1,000 millones adicionales en comparación con el primer plan de ajuste radicado en septiembre de 2019.

El plan asegura un servicio de la deuda anual sostenible y asequible menor al 9% de los ingresos propios del Gobierno, reduciendo el máximo del servicio de la deuda anual en un 64%, de $4,200 millones a $1,500 millones.

El plan reduce la totalidad del pago del Gobierno de Puerto Rico (incluyendo los bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante COFINA), un 56%, de $90,400 millones a $39,700 millones.

El plan reduce la madurez de la nueva deuda del Gobierno de 30 años a 20 años, lo que representa un ahorro de $5,000 millones en pagos a la deuda en comparación con el Plan de Ajuste inicial radicado en septiembre de 2019.

El Plan de Ajuste enmendado cuenta con el apoyo de más acreedores que el acuerdo original. Tenedores de sobre $10,500 millones en bonos han acordado firmar y favorecer el Plan de Apoyo Acordado (PSA). Éstos representan el 58% de obligación general agregada y reclamos de la Autoridad de Edificios Públicos.

El nuevo plan no cambia los acuerdos que la Junta de Supervisión alcanzó previamente con el Comité de Oficial de Retirados y con un grupo de empleados del gobierno representados por la Unión de Servidores Públicos/Capítulo de AFSCME en la isla.

El acuerdo con los retirados conlleva una reestructuración de las deudas de pensión a largo plazo y protege a más del 74% de los retirados actuales, así como cualquier empleado que se retire en el futuro, contra cualquier reducción. La tasa de recuperación de los retirados supera el 95%. La Junta de Supervisión acordó con COR a una reducción fija de 8.5% para que ningún retirado reciba beneficios mensuales menores de $1,200. En adición, el Gobierno de Puerto Rico establecería un fondo de reserva de pensiones administrado por un ente independiente para el Sistema de Pensión PayGo para nutrir el pago de pensiones por los próximos 30 años. El fideicomiso asegura el pago de pensiones ante cualquier cambio político y/o económico. Finalmente, si las finanzas gubernamentales superan las proyecciones del Plan Fiscal por $100 millones o más en algún año fiscal, un 10% del exceso se destinaría a los retirados hasta la cantidad del recorte de su pensión.

El acuerdo con AFSCME asegura que los acuerdos de negociación colectiva se mantendrían en vigor por cinco años, como estipulan los términos obrero-patronales del Plan Fiscal. Además, al menos $1,500 millones de la contribución que hicieran los empleados al Sistema 2000 se repondrían, incluyendo los intereses que estos fondos hubiesen podido generar antes de la quiebra del Gobierno. Las contribuciones al Plan Médico del patrono serían de $170 al mes, en vez de los $125 establecidos en el Plan Fiscal. El acuerdo establecería un fideicomiso de $5 millones para AFSCME en reconocimiento por liderar la negociación y unos $5 millones adicionales para ser distribuidos por AFSCME. Los miembros de esta unión que aprueben el acuerdo recibirían un bono de $500. Finalmente, si las finanzas gubernamentales superan las proyecciones del Plan Fiscal por $100 millones o más en cualquier año, un 25% del exceso se destinaría a los empleados, en aras de incentivar la eficiencia gubernamental.

Lee aquí el Plan de Ajuste de la deuda 28 de febrero de 2020

Aquí la Moción sobre proceso de aprobación del Plan de Ajuste de la deuda 28 de febrero de 2020

Y aquí el Disclosure Statement para el Plan de Ajuste de la deuda 28 de febrero de 2020