El Alto Foro concluyó que no existe “interés legítimo” para divulgar esos documentos.

El Tribunal Supremo denegó una solicitud para que se divulguen los estados financieros del juez superior Jorge L. Díaz Reverón en el contexto de la transacción que realizó en marzo pasado para obtener un vehículo lujoso sin los trámites de financiamiento, el día antes de la declaración de la orden de encierro por COVID-19 que todavía está vigente hoy.

La solicitud fue hecha por el periodista que firma esta nota siguiendo el proceso que ha establecido el Supremo para que los ciudadanos soliciten acceso a los informes financieros que los jueces tienen que someter anualmente.

Estos documentos, de por sí, se presumen públicos, pero el máximo tribunal del país ha decidido regular su acceso mediante un proceso en el que evalúan las solicitudes caso a caso para ver si cumplen con el criterio de un “interés legítimo” y de cómo el acceso a esa información puede ayudar a “presentar datos adicionales que revelen la posible violación” a reglas de conducta o leyes. A nivel federal, los informes financieros de los jueces de todos los niveles están disponibles al público, previa solicitud, y sin que el Tribunal Supremo federal entre a evaluar las solicitudes para establecer “interés legítimo”.

Al Supremo se le presentaron los datos sobre la transacción mediante la que el juez obtuvo el vehículo BMW M4 GTS semanas antes de completar el financiamiento del mismo y cómo la persona que se lo vendió obtuvo una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, esposa del juez, para cabildear temas relativos a la industria de automóviles. Pero la determinación del foro fue que no se “acreditó un interés legítimo y la necesidad de la información correspondiente a un período de más de 10 años” y que “[l]a transacción en controversia no tiene que ser reportada hasta marzo de 2021 y, por lo tanto, no se encuentra en los informes a los que (se) solicitó acceso”.

Además de las dudas que La Fortaleza ni el juez Díaz Reverón han contestado sobre el trámite con el vehículo, existe la expectativa de si antes de terminar el cuatrienio el juez será objeto de renominación o ascenso. Su término expira el 1 de diciembre de 2021.

Además del trámite con el vehículo, NotiCel también divulgó un historial de casos de naturaleza económica que tuvo Díaz Reverón por sí o en conjunto con Vázquez Garced que cubren desde 1991 hasta 2011, dos años después de comenzar a servir como juez el 1 de diciembre de 2009, incluyendo embargos hipotecarios, deudas con vehículos, con cuotas de mantenimiento y con un préstamo personal.

Antes de su nombramiento judicial, y con la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado buscándolo para cobrar un préstamo que le otorgaron, Díaz Reverón tuvo un contrato con el Departamento de Salud suscrito por Lorenzo González, quien también ostenta el cargo actualmente por designación de Vázquez Garced con salario de $29,750 al mes. El contrato de Díaz Reverón, según obra en el Registro de la Oficina del Contralor, fue para reconocerle $19,875 en trabajos que había hecho durante los meses de septiembre y octubre de 2009. Ese mecanismo de hacer contratos para cubrir trabajos que ya se realizaron no sería aceptado hoy como válido.

En noviembre de 2009, Díaz Reverón fue una de las personas que compareció en defensa de la designación de González como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Otro de los comparecientes a favor de González en esa ocasión fue el doctor Rafael Rodríguez Mercado, quien fuera designado secretario de Salud por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y se mantuvo en el cargo hasta el principio de la pandemia este año.

Antes de ser juez, Díaz Reverón fue asesor legislativo también de la exrepresentante, luego juez, Liza Fernández, y del todavía representante, Jorge Navarro, ambos del Partido Nuevo Progresista.

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Para ver la resolución del Supremo sobre acceso a los informes financieros del juez Jorge Díaz Reverón, pulse aquí.