Esa resultó ser la principal conclusión de la audiencia pública que sobre este tema celebró la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

Los mecanismos para controlar y penalizar la corrupción gubernamental en Puerto Rico son limitados y requieren una reestructuración urgente que aumente su efectividad.

Esa resultó ser la principal conclusión de la audiencia pública que sobre este tema celebró la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

Fue también consenso de esta discusión la necesidad de que se realice una actualización en la estructura del FEI con el objetivo de reformar la entidad, junto a un proceso amplio de educación a la ciudadanía

Fueron varios los conocedores del tema que acudieron al llamado del organismo legislativo que tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1701, que busca eliminar varias oficinas, entre ellas la del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI), y crear la Oficina Anticorrupción; y el Proyecto de la Cámara 1702, que propone la creación de un nuevo Código Anticorrupción y Ética.

‘’Es importante que se reestructuren todos los mecanismos de investigación a nivel local para mejorar los procesos en contra de la corrupción y buscar que la dependencia hacia el gobierno federal vaya disminuyendo con la efectividad de una entidad local que tenga las herramientas necesarias para combatir estos actos por su cuenta’’, destacó el abogado Leo Aldridge.

‘’Para comenzar con una sociedad al margen de acciones y hábitos dirigidos a la corrupción, es necesario impulsar y desarrollar todos los aspectos relacionados a la educación. Desde los primeros momentos, es importante que ese sea el punto de partida y sobre todo el enfoque. A su vez, es necesario establecer mecanismos más accesibles que ayuden a la ciudadanía a informarse sobre todos estos procesos’’, expuso por su parte Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentidos.

En la misma dirección se expresó el Dr. José E. Hernández Acevedo, que reafirmó la importancia de reforzar los mecanismos educativos. ‘’Es importante integrar a los recursos de la administración pública a estos procesos y que no se quede exclusivamente en el ámbito legal. Hay que unir todos los sectores y buscar que estas iniciativas cuenten con la participación, recomendaciones y recursos necesarios para obtener resultados ambiciosos y positivos’’.

El presidente de la Comisión y autor de esta legislación, el representante Héctor Ferrer Santiago, indicó que ‘’estas medidas buscan la transparencia y que cada funcionario que le falle a la confianza del pueblo de Puerto Rico rinda cuentas. Esto es un proceso dirigido a la lucha contra la corrupción y es un punto de partida para mejorar las legislaciones existentes’’.

Sostuvo que ambas iniciativas buscan fortalecer las medidas de transparencia e integridad en el gobierno, en aras de fomentar el buen uso de fondos públicos, la conducta ética y moral, y la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

Además de los mencionados, comparecieron ante la Comisión el Dr. Julio Fontánez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Dr. Javier Morales. La iniciativa contó además con la participación de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, sus estudiantes y su facultad.

La discusión de estos proyectos continuará el 23, 24 y 25 de agosto en el Capitolio, y el 30 de agosto y 1 de septiembre en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, respectivamente, informó Ferrer Santiago.

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