Gobernador favorece enmiendas al Código Municipal, que no requiere subasta para recogido de basura y manejo de desperdicios sólidos.

Luego de aflorar los casos de corrupción recientes en los municipios de Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, expresó apoyo a que se enmiende el Código Municipal para que se exija una subasta para la contratación en el manejo de desperdicios sólidos de cualquier municipio, y de igual manera para el arrendamiento o venta de propiedad inmueble relacionado al manejo de desperdicios sólidos.

«Esto es por razones obvias, por lo que hemos visto que ha sucedido», señaló el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El gobernador reiteró que estas enmiendas son necesarias para garantizar la transparencia en los servicios municipales y admitió que en este momento tienen facultades demasiado amplias.

«Estamos apoyando que a nivel municipal se exija que haya un procedimiento transparente y competitivo a la hora de contratar servicios profesionales. Eso ahora mismo en el Código Municipal no está», sostuvo Pierluisi Urrutia.

Incluso, promueve que más allá de las subastas, los contratistas estén registrados en la Administración de Servicios Generales (ASG).

«Vamos a estar propulsando legislación para que todo contratista a nivel municipal esté registrado en la ASG, porque tienes que cumplir una serie de requisitos para estar en esos registros y sería una herramienta de transparencia», abundó el Primer Ejecutivo.

«El compromiso de mi partido es bien firme en contra de la corrupción y más ahora después de lo que acaba de suceder», manifestó el gobernador.

El exalcalde de Cataño, Félix «Cano» Delgado precisamente se declaró ayer culpable en el foro federal por conspiración y “kickbacks”, con relación a la otorgación de contratos millonarios del municipio para el recogido de desperdicios sólidos y colocación de asfalto.

De igual manera, el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en inglés) por un esquema en el que se le imputa instar a otros individuos a que le pagaran comisiones a cambio de contratos municipales, y aceptar dinero en efectivo precisamente por los contratos otorgados.

Tanto el FBI como fiscalía federal han expresado que las acusaciones relacionadas a estos esquemas no han finalizado.

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