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Junta aprueba un salvavidas para el programa de Neurocirugía de la UPR

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El ente fiscal aprobó ayer $85.2 millones en transferencias presupuestarias.

De forma unánime, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó ayer transferencias presupuestarias que alcanzan los $85.2 millones y que incluyen partidas para el programa de Neurocirugía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Los $1.3 millones asignados a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) permitirá la contratación de médicos generalistas, enfermeras y escoltas para apoyar los programas de residencias médicas de la institución. Según la directora del ente fiscal, Natalie Jaresko, $657,000 se usarán para contratar ese personal de apoyo que requiere la residencia de Neurocirugía, que se encuentra en probatoria y perderá su acreditación en junio del 2022.

“Recibimos esta petición en los pasados días”, apuntó Jaresko al leer algunas de las transferencias de dinero solicitadas por el Gobierno.

El director médico de ASEM, Jorge Matta González, celebró la aprobación de los fondos al tiempo que aseguró a NotiCel que los problemas que causaron que el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada (Acgme, en inglés), anunciara el retiro de la acreditación son viejos.

Explicó que el Programa de Neurocirugía se encuentra en probatoria desde hace dos años por faltas académicas y administrativas. Las fallas administrativas respondían a falta de equipo y personal. Por eso, el año pasado la JSF asignó $8 millones para la compra de equipo.

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El Acgme envió una carta anticipando su decisión, pero ni el RCM, ni ASEM han recibido la carta con los hallazgos finales. Una vez reciban esta documento, apelarán la determinación y ahora con la asignación de fondos, Matta González confía en que la agencia acreditadora revisará su decisión.

“Este $1.3 millones es para contratar ese personal de apoyo que hace falta en las instituciones de aquí a junio 30”, indicó el Director Ejecutivo de ASEM.

El nuevo presupuesto, que entraría en vigor el 1 de julio, contempla una partida de $15 millones recurrentes para garantizar la continuidad de esas contrataciones a través de los 38 programas de la institución. En el caso específico de Neurocirugía, ese personal de apoyo trabajará en equipo junto a los neurocirujanos y los estudiantes residentes.

“Ayudaría a la acreditación del programa grandemente entendiendo que eso es uno de los señalamientos que podrían venir. Primero, cuando pidamos la reconsideración podemos decir que ese señalamiento ya está resuelto. Dos, ayudaría grandemente en el servicio a los pacientes porque vamos a tener médicos en la unidad clínica 24/7, uno o dos médicos por unidad”, resaltó.

Pero además la JSF aprobó $200,000 para que el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe contrate a un cirujano cardiovascular luego que una baja en su plantilla médica y otra partida de $273,000 para que la CEE cubra los salarios, entre otros gastos, de los comisionados electorales del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad, que no reciben su compensación desde inicios de año.

El plan fiscal

Ayer, la JSF certificó el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2021, que incorpora en sus proyecciones unos $120,000 millones en fondos federales que ya están legislados para la Isla, pero mantiene que el Gobierno volvería a caer en déficit presupuestario en unos 15 años.

Antes de la aprobación unánime del documento, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia criticó el plan que aseguró recibió al filo de la medianoche y que no contó con una amplia participación de su equipo de trabajo.

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“Me hubiera gustado un proceso de mayor colaboración”, afirmó el Mandatario, quien lució incómodo durante la reunión mensual del ente fiscal.

El Gobernador objetó los recortes a la UPR y la reiterada insistencia de la JSF de obligar a los alcaldes y alcaldes a realizar aportaciones al plan de salud gubernamental. Además rebatió que el Plan Fiscal no incluyera la paridad en la asignación de fondos de Medicaid que la administración de Joe Biden prometió a la Isla.

Luego argumentó que la resistencia de la Junta a incluir las partidas de fondos prometidos provocaría ajustes y recortes innecesarios, que afectarían la prestación de servicios. También cuestionó que el ente fiscal insistiera en “micromanejar” los fondos federales asignados a Puerto Rico, que según argumentó el Mandatario, constituía un exceso de su jurisdicción. Ninguno de los miembros de la JSF atendió ese reclamo de Pierluisi Urrutia.

El pasado 9 de marzo, Primer Ejecutivo sometió un borrador de Plan Fiscal para la aprobación de la Junta, que contemplaba $14,000 millones del Cares Act, $86,000 millones de ayudas de federales de recuperación y desastres y el compromiso de elevar el pareo federal del programa de Medicaid de 55% al 83%. Esos $86,000 millones en ayuda federal, de acuerdo a los cálculos del Gobierno, se extenderán hasta el 2032.

Pero, ayer en rueda de una rueda de prensa virtual tras el cónclave, Jaresko, aclaró que el Plan Fiscal constituye “una herramienta presupuestaria y no una lista de deseos”.

“No es una posición política. No significa que la Junta de alguna manera no quiera que Puerto Rico obtenga fondos que aumenten de manera gradual, pero desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, solo deben presupuestar y planificar los ingresos que sepas con gran certeza que tienes”, apuntó a preguntas de la prensa.

“Hasta cierto punto, así es como Puerto Rico se metió en el lío que tiene hoy. Asumiendo que los fondos llegarían y planificando gastarlo, pero luego no llegaban. Terminamos con déficits que después se financiaron tomando deuda, pidiendo préstamos a los acreedores que a nadie parece gustarle tenerlos hoy”, agregó.

Jaresko explicó que todavía es incierta la cantidad de fondos federales de Medicaid que la Isla recibirá y que tampoco se conoce si esos llegarán con restricciones. Pero dejó claro que cuando se asignen las partidas, el Plan Fiscal se ajustará para incluir esos fondos y garantizar los servicios de salud.

“Así que antes de correr a gastarlo, todo lo que estamos diciendo es que para fines de responsabilidad fiscal, no sobre lo que queremos o no queremos, o lo que podría, debería o será, solo se puede gastar lo que con confianza se sabe que existe”, concluyó.

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