Este asunto levantó preocupación al Comité de Transición entrante.

La última agencia en deponer al concluir la primera semana de vistas entre los respectivos Comités de Transición fue la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El tema que despertó la atención de los integrantes del comité entrante fue el diálogo que ha sostenido la alta gerencia de la AAA con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para dejar de ser una entidad cubierta bajo la Ley Promesa.

Según la presidenta de la AAA, la ingeniero Doriel Pagán Crespo, ya se ha cumplido con las disposiciones que requiere la Ley Promesa y, por ello, podría obtener más libertades en las tomas de decisiones.

La Ley Promesa fue aprobada en el 2016 con la intención de permitir que Puerto Rico reestructure sus deudas y alcance responsabilidad fiscal.

«Usted señala que la entidad está lista para dejar de estar cubierta bajo la Ley Promesa y que ya han mantenido conversaciones en esa dirección, las cuales deben progresar en los próximos días ¿Con quiénes han sido esas conversaciones?», cuestionó el exlegislador popular, Jorge Colberg Toro.

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«Se han tenido diálogos informales con la Junta (de Supervisión Fiscal) y a través de AAFAF también se ha hablado con relación a esta posibilidad. Nosotros ya hemos cumplido con todos los requerimientos», contestó Pagán Crespo.

De dichas conversaciones, aún no se ha entregado un documento formal con una petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

«Presumo que examinaron el último plan fiscal de la Junta sobre el Gobierno. La Junta establece que ellos están interpretando que cuando se den las condiciones a las que ustedes están invocando en su escrito, se tienen que cumplir para todo el Gobierno completo. Hay una línea importante que establece la Junta que es que la Ley Promesa a diferencia de otras legislaciones. No hay una Ley PROMESA 2.0, no es que nos fuimos, cumplimos, buena suerte y si regresamos a una quiebra reactiva otra vez las protecciones», advirtió Colberg Toro preocupado.

Lo que se refiere Colberg Toro, es que si la AAA sale de la protección que le da por derecho la Ley Promesa gracias a la quiebra que se encuentra en Puerto Rico, cualquier situación financiera que pase después, no podrán ser respaldados.

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«Hay que asegurarse, presidenta, con toda candidez, entiendo que sus finanzas están estables. Lo que pasa es que cualquier cosa que ocurra en un futuro con la AAA, el gobierno central tendrá que dar con cualquier crisis fiscal», apuntó Colberg Toro.

Debido a un extenso silencio de la presidenta de la AAA, el secretario del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez, salió en defensa de la agencia.

«Una cosa que es bien importante que se tenga la conversación con la Junta porque es muy distinto que se elimine lo que sería de la Ley Promesa y otra que una entidad salga. Lo que quiere decir, es que tiene mayor flexibilidad y no tendría que estar pidiendo autorización a la JSF para poder manejar sus operaciones», puntualizó Pérez.

Actualización de proyectos

Como parte del esfuerzo para fortalecer la infraestructura de la AAA a largo plazo, la presidenta informó también al Comité de Transición entrante sobre el Programa de Mejoras Capitales (PMC) que ha logrado una inversión en infraestructura que supera los $6,000 millones en proyectos activos y futuros.

Entre las iniciativas actuales bajo el PMC se encuentran la automatización de sistemas de agua mediante la plataforma DRRS (Digital Resiliency and Response System) y la implementación de proyectos tales como renovación de tuberías, rehabilitación de troncales sanitarias y de plantas de filtración, entre otros.

Ya se han realizado más de 224 subastas, con una inversión de aproximadamente $2,263 millones y ha completado 60 proyectos de construcción que representan una inversión de más de $166 millones en infraestructura.

De cara al 2030, la AAA, además, se proyecta como la principal entidad de infraestructura de la isla, consolidándose en la ejecución de proyectos eficientes.

Las metas para el 2025 incluyen la ejecución de proyectos valorados en más de $6,500 millones, la implementación de sistemas de telemetría para optimizar los sistemas y el desarrollo de estrategias para maximizar el uso de fondos federales.

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