Además, la dependencia anunció que la pesquisa en torno a la excarcelación del asesino Hermes Ávila Vázquez tomará 30 días y no 10, como se había anunciado.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (CDR), Ana Escobar, reconoció que la investigación en torno al escándalo sobre la excarcelación del convicto asesino Hermes Ávila Vázquez tomará 30 días y no 10, como la agencia había informado previamente.

En un comunicado de prensa divulgado en la tarde, se indicó que la investigación administrativa está en manos de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC, que se le solicitó a Physician Correctional copia del expediente médico del confinado para proceder que la compañía UTICorp audite el mismo.

“Esto incluye aspectos de salud física, dental o mental, así como, laboratorios, pruebas sicológicas, estudios especializados, tratamientos y cualquier otro documento médico pertinente a la Ley 25. Esta compañía precisamente tiene un contrato en la agencia para auditar expedientes médicos y servicios de salud prestados a la población correccional”, lee un comunicado de prensa.

Esta tarde, la agencia rechazó haber activado un ‘lockdown’ en hogares de los confinados bajo Ley 25, como parte de la investigación.

Escobar indicó que un total de 21 confinados están bajo ese Programa de Pase Extendido por Condición de Salud, e informó que a todos ellos se les ordenó la instalación inmediata de un brazalete electrónico.

También se ordenó la suspensión de esta concesión hasta el 8 de mayo de 2024, solo para casos nuevos. Ese periodo podría extenderse.

Como parte de la investigación, el DCR también informó que se revaluarán todos los casos que están bajo ese programa.

De otra parte, la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios tiene encomendada crear un comité para evaluar los reglamentos y normativas vigentes sobre este privilegio, a los efectos de actualizar estos documentos. Este trabajo de evaluar reglamento se hará en conjunto con el Departamento de Salud.

Estas medidas responden al caso en el que Hermes Ávila Vázquez, quien cumplía cadena perpetua por un feminicidio en 2005, se vio beneficiado por el Programa de Pase Extendido alegado varias condiciones de salud de gravedad, y ahora es acusado de un crimen similar al cometido hace 19 años atrás.

Ávila Vázquez es acusado por el asesinato el pasado domingo de Ivette Joan Meléndez Vega, una mujer de 56 años, natural del pueblo de Vega Baja, que fue degollada, violada y abandonada en la carretera 686 cerca de la entrada de la Playa Los Tubos en Manatí.

Ávila Vázquez, quien tiene un abultado récord criminal, es el principal sospechoso de este asesinato.