De las varias asignaciones congresionales para atender las necesidades de energía en la isla, el Departamento de Energía federal vedó al gobierno de intervenir con $1,000 millones, de los que ya adjudicó la mitad.

A menos de un año de que el Congreso y el presidente Joseph Biden autorizaran $1,000 millones al Departamento de Energía federal (DOE en inglés) para buscar soluciones de resiliencia energética para la isla, la agencia adjudicó casi la mitad de los fondos y espera que el resultado se comience a ver a principios de 2024.

Esta asignación es la que el DOE decidió que iba a procesar sin ninguna intervención del gobierno de Puerto Rico, que todavía enfrenta obstáculos y atrasos para desembolsar efectivamente los fondos federales de recuperación y de otro tipo.

EL DOE decidió que iba a dividir los $1,000 millones en dos partes. La primera para atender los abonados que están en lo que se conoce como “la última milla” del servicio eléctrico, o lo mismo que los que pueden tardar hasta seis meses en recobrar el servicio eléctrico tras un fenómeno como un huracán. La segunda parte irá a microredes y soluciones de residencias multifamiliares, como los condominios. En ambos casos, primero hubo un periodo en el que la comunidad podía proponer mecanismos para distribuir los fondos, luego se diseñó una solución basándose en las recomendaciones y finalmente se abrió un proceso de propuestas para adjudicar y distribuir los fondos.

El trámite de estos $1,000 millones se ha beneficiado también del empuje personal de la secretaria de Energía federal, Jennifer Granholm, quien ha viajado a la isla en varias ocasiones y enfrentado críticas de congresistas republicanos por la cantidad de visitas y de atención que presta a la isla. El presidente Biden hizo a la secretaria personalmente responsable de la coordinación federal para la reconstrucción de la red eléctrica de la isla después del huracán Fiona.

El director del nuevo Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico del DOE, Agustín Carbó Lugo, comentó que hoy se conoce poco sobre cómo se podría distribuir la segunda mitad de la asignación porque el proceso de recomendaciones se va a llevar a cabo en los primeros meses de 2024, pero, como ejemplo, mencionó que una de las soluciones que pueden surgir para los condominios es usar los espacios de estacionamiento para habilitarlos con placas solares y baterías.

Sobre la primera parte de la asignación, el funcionario federal recordó que el propósito es dotar de placas solares y baterías específicamente a entre 30,000 y 40,000 hogares que pertenecen al segmento de la población más pobre, que vive en lugares donde el servicio eléctrico tarda en restablecerse y de familias que tengan a miembros discapacitados que dependen de energía eléctrica confiable para atenderlos, como sillas de rueda eléctricas o máquinas de diálisis.

Dos tipos de organización van a estar a cargo de esas instalaciones que va a pagar el DOE, las empresas comerciales Generac Power Systems, Inc., Sunnova Energy Corporation y Sunrun, Inc., y las entidades sin fines de lucro Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro, Inc., Environmental Defense Fund (EDF), Let’s Share the Sun Foundation (LSSF) y Solar United Neighbors, Inc. (SUN).

En el caso de las sin fines de lucro, sus propuestas estuvieron enfocadas en áreas geográficas de la isla donde ya tienen experiencia con sistemas de energía renovable. Explicó Carbó Lugo que LSSF trabaja ya con la entidad Casa Pueblo en Adjuntas, EDF trabaja en Culebra un proyecto que busca convertir ese pueblo en la primera isla solar del Caribe, Toro Negro se desempeña en Ciales y Barrio en el área de Isabela y centro de la isla.

Las ocho entidades pasan ahora a un proceso de afinar negociaciones con el DOE sobre el ámbito y las áreas geográficas donde van a trabajar para entonces finalizar lo contratos de desembolso de fondos.

Falta de anunciar la adjudicación, antes de que termine el año, de otro componente de esta parte de los fondos que es el programa de “embajadores solares”, que son los que le van a dar la “cara” a los ciudadanos, explicó Carbó Lugo. Como está diseñado, ninguna de las ocho entidades que van a instalar los sistemas pueden simplemente llegar a un lugar y comenzar a instalar. Tienen que esperar a que los embajadores pasen referidos de beneficiarios potenciales al DOE para que la agencia certifique que la familia cumple con los criterios del beneficio y entonces autorice a las empresas a hacer las instalaciones. Los embajadores trabajarán a través de 20 organizaciones comunitarias que son las que se anunciarían próximamente. Las primeras instalaciones deben ocurrir en el primer trimestre de 2024.

“Esto no es una línea telefónica que se abre y la gente llama”, ilustró el funcionario federal al recordar que los embajadores tendrán también una función educativa y de protección del consumidor para atender las dudas de los beneficiarios así como asistirlos en canalizar quejas. Los contratos de los instaladores se podrían cancelar “si no funcionan” y se espera que cubrir las entre 30,000 y 40,000 residencias tome unos cinco años. Para esto hay $440 millones, mientras que para embajadores y educación hay unos $14 millones adicionales.

Carbó Lugo enfatizó en que el trámite del dinero ha ocurrido “en un tiempo sin precedentes”, incluso para los estándares del propio DOE, debido al empuje de la secretaria, quien escucha constantemente en sus visitas de las penurias que han pasado familias por falta de energía eléctrica tras el paso de huracanes. “Nadie quiere replicar ese momento”, comentó.

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