El Departamento de Hacienda sometió una orden de embargo al Municipio de Cataño para cobrar parte de una deuda contributiva que le calcularon al exalcalde por los ingresos ilegales de su esquema de corrupción.

El Departamento de Hacienda (DH) le tasó una deuda contributiva de $179,254 al exalcalde de Cataño, Félix «El Cano» Delgado Montalvo y a su esposa, Roxanna Sifre Maldonado, por concepto de los ingresos ilegales que recibió bajo el esquema de corrupción por el que se declaró culpable en el Tribunal Federal.

NotiCel tuvo acceso a la orden de embargo que la agencia diligenció en el Municipio de Cataño el 14 de diciembre pasado pero, como medida rutinaria, una orden similar pudo haber sido emitida a instituciones bancarias donde el matrimonio, o uno de ellos, tenga cuentas.

En declaraciones escritas, el actual alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, indicó que la liquidación que correspondía hacerle a Delgado Montalvo después de su renuncia el 30 de noviembre pasado no se completó por lo que algo de dinero podría cobrar Hacienda del municipio.

«La liquidación no se llegó a calcular porque ordené paralizar el trámite, por indicaciones del Departamento de Hacienda, tan pronto llegué al municipio», indicó Alicea Vasallo.

A la deuda tasada por $179,254, Hacienda le sumó una cantidad igual por concepto de penalidades, otros $27,033.55 por concepto de intereses y finalmente $17,925.40 por concepto de costos del procesamiento del embargo para llegar a una deuda total de $403,466.95.

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La base del cálculo es la declaración de culpabilidad que hizo Delgado Montalvo en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en la que aceptó que cobró comisiones ilegales de $2,000 semanales, así como otras cantidades en efectivo y relojes lujosos a cambio de garantizarle contratos a tres empresas y sus respectivos dueños: Waste Collection Inc. (Oscar Santamaría Torres), J.R. Asphalt (Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas) y a Island Builders Corp. (también Santamaría Torres de manera oculta).

La tasación en la orden de embargo de Hacienda calcula una deuda contributiva de $18,168 para 2017; $33,413 para 2018; $32,175 para 2019 y $95,498 para 2020.

El salario oficial de Delgado Montalvo como ejecutivo municipal eran $5,500 mensuales. Sus informes financieros en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) reflejan que en 2011, último año en que trabajó en el Departamento de Asuntos del Consumidor, los ingresos del núcleo familiar del exalcalde eran $58,600. En el 2017, al cabo de su primer año al frente del pueblo, los ingresos de la familia subieron a $105,158 y para el 2020, último años de resumen de informe financiero disponible en la OEG, los ingresos eran de $95,796.

En cuanto a Sifre Maldonado, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la reclutó en 2017 a razón de $60,048 anuales para servir como ayudante especial del administrador, Jesús Rodríguez Rosa, pero entonces la destacaron para trabajar en la oficina de la amiga de la familia, y exrepresentante acusada de delito federal, María Milagros Charbonier Laureano.

Según investigaciones periodísticas, no cumplía con su trabajo allí por lo que el Fondo le pagaba para hacer nada. En julio de 2020 la despidieron cuando ya habían múltiples indicios de la investigación federal sobre su esposo.

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Según los hechos por los que se declaró culpable, desde mediados de 2017 Santamaría Torres pagaba una comisión ilegal de $2,000 semanales al exalcalde para asegurar contratos públicos, un estimado de $344,000 hasta abril de 2021, cuando ocurrió el último pago de esta comisión. Pero, además, en el caso Delgado Montalvo figura recibiendo otros $31,500 de parte de los socios de J.R. Asphalt, así como relojes de lujo. Como parte de su aceptación de culpa, el exalcalde devolvió a fiscalía federal $105,820 y cinco relojes con valor estimado de $200,000. Entre relojes, comisiones ilegales, otros pagos y aportaciones ilegales en efectivo a su campaña, Delgado Montalvo pudo haber ingresado unos $750,000 ilegales en cinco años.

A la vez que procesa esta orden de Hacienda, el municipio sometió la semana pasada tres demandas, y correspondientes solicitudes de embargo, contra las tres empresas y contratistas en búsqueda de que se declaren nulos los contratos y se ordene el repago de todos los fondos públicos pagados bajo los contratos. La jueza superior Betsy Asencio Quiles ordenó hoy el embargo preventivo contra Santamaría Torres e Island Builders.

A la vez que procesa esta orden de Hacienda, el municipio sometió la semana pasada tres demandas, y correspondientes solicitudes de embargo, contra las tres empresas y contratistas en búsqueda de que se declaren nulos los contratos y se ordene el repago de todos los fondos públicos pagados bajo los contratos. La jueza superior Betsy Asencio Quiles ordenó hoy el embargo preventivo contra Santamaría Torres e Island Builders.

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