La agencia trabaja en una revisión del acuerdo de subvención, según el Secretario de Vivienda William Rodríguez.

Al anunciar un incremento en las ayudas federales para los municipios junto al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el designado secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, reveló ayer que el Departamento de Vivienda federal eliminará las trabas que impuso a la Isla para acceder a $8,221 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

El año pasado, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó un acuerdo de subvención que imponía restricciones al uso de fondos asignados a Puerto Rico tras los daños causados por el huracán María y los terremotos, que sacudieron la región sur del País.

Ayer, al divulgar que el Departamento de Vivienda estatal eliminó los requisitos adicionales que impuso a los ayuntamientos para realizar trabajos utilizando los fondos CDBG, Pierluisi Urrutia mencionó que a pesar de que se habían asignado a la Isla sobre $12,000 millones, por ahora, solo había acceso a $3,000 millones aunque se trabajaba para lograr acceso a la totalidad de los fondos.

Rodríguez Rodríguez, a preguntas de la prensa, aclaró que a congelación ocurrió bajo la pasada administración.

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“En el segundo acuerdo de subvención que se firmó, se impusieron unos requisitos que no se habían impuesto a ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos, requisitos que al día de hoy nos han mantenido que de una asignación de más de $8,000 millones solo tengamos acceso a $1.7 billones”, indicó el abogado.

“En nuestras conversaciones, como ha mencionado el señor Gobernador, la relación con el gobierno federal ha cambiado dramáticamente. Hay un compromiso del gobierno federal en enviarnos un acuerdo de subvención revisado, eliminando todas y cada una de las restricciones impuestas por el gobierno federal. Cuando llegue a Puerto Rico seremos los primeros en anunciar felizmente que se han eliminado estas restricciones y que vamos a acceder a estos fondos que hemos estado esperando”, agregó.

En múltiples ocasiones, el expresidente republicano Donald Trump tildó a los políticos locales de corruptos y abogó porque el entonces secretario de Vivienda, Ben Carson, impusiera estrictos requisitos a los fondos que el Congreso asignó a la Isla para el proceso de reconstrucción luego del huracán María, a pesar de que esas partidas no contemplan esas restricciones. La situación provocó encontronazos entre el Ejecutivo federal y congresistas demócratas que exigían que los fondos se distribuyeran siguiendo los lineamientos generales de la legislación.

A tono con esa política, Trump exigió la designación del monitor federal Robert Couch y nombró al almirante Peter Brown como el coordinador de la Casa Blanca para la reconstrucción de Puerto Rico, quien luego del cambio de mando en Estados Unidos desapareció del ojo público. Brown acompañó a Vázquez Garced durante su único mensaje de Estado y de Presupuesto.

Rodríguez Rodríguez no ofreció una fecha para la firma del nuevo acuerdo, pero ese aire nuevo se respiró ayer cuando Pierluisi Urrutia informó que incrementó la partida de fondos del programa de reconstrucción de los cascos urbanos de $600 millones a $1,000 millones y que Vivienda estatal flexibilizó los requisitos, que bajo la administración pasada añadió por encima de los criterios federales, para encaminar los proyectos de construcción en la Isla.

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«Hemos firmado una orden administrativa relevando a los municipios de ese requisito de tener que venir al Departamento de la Vivienda antes de hacer cualquier adquisición, lo que definitivamente va a agilizar el desembolso de fondos y la ejecución de las obras de construcción que queremos ver para revitalizar las ciudades de todo Puerto Rico», indicó Rodríguez Rodríguez.

Flanqueado por dos alcaldes rojos y dos azules, el Primer Ejecutivo informó la disponibilidad de otros $10 millones en fondos CDBG-DR para que los ayuntamientos contraten a los planificadores, consultores y el personal especializado necesario para desarrollar sus propuestas.

“El programa proveerá una alternativa para que los procesos de adquisición y compra sean más ágiles, que puedan contratar los servicios de gerentes de proyectos y que luego de la preevaluación puedan también contratarse servicios de diseño”, apuntó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa en la sede del Departamento de Vivienda en Hato Rey.

También anunció $100 millones para la revitalización de las comunidades y áreas aledañas a los recintos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en Mayagüez.

“Se creará una alianza entre el Departamento de Vivienda los municipios de San Juan y Mayagüez y entidades sin fines de lucros para fomentar la sinergia entre la universidad y los residentes de las comunidades cercanas a estos recintos”, señaló Pierluisi Urrutia en compañía de Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, Miguel Romero, alcalde de San Juan y José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez.

“El programa de revitalización de ciudades es clave para impulsar el desarrollo económico y las oportunidades que necesita nuestra gente. Es un programa que atiende las necesidades de los municipios y, por ende, las de todos nuestros ciudadanos por todo Puerto Rico”, agregó.

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Ante preguntas de la prensa sobre las medidas para evitar los actos de corrupción que llevaron al gobierno federal a imponer restricciones a los fondos federales que recibe la Isla, el Mandatario resaltó el cambio de tono de la administración del presidente demócrata Joe Biden.

“En el pasado, me hablaban de corrupción, sin embargo, digo que el único caso de corrupción significativo de corrupción involucrando fondos federales por desastres tenía que ver con FEMA y no con el gobierno de Puerto Rico, con funcionarios de alto nivel de FEMA y contratistas de FEMA y no del gobierno de Puerto Rico”, respondió en referencia al caso de la exempleada de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Asha Tribble.

“En Vivienda en particular, aquí está el Inspector General de Estados Unidos auditando constantemente este Departamento y hasta el día de hoy ha auditado alrededor de $1,000 millones en gastos y no ha encontrado señalamiento significativo alguno de irregularidad o corrupción. Para muestra un botón. Aquí se están haciendo las cosas debidamente”, abundó el Gobernador.

Ante la escasez de mano de obra, Pierluisi Urrutia abogó porque los contratistas paguen mejores salarios y ofrezcan mejores condiciones de trabajo a los obreros de la construcción.

“La paga que reciben los obreros de construcción es importante que sea justa y razonable. Obviamente $7.25 para estar bajo el sol trabajando desde la madrugada hasta mitad del día no es razonable. Yo en esto reclamo a todos los contratistas y desarrolladores de obra que tienen que hacer todo lo posible porque esa paga sea más alta porque no podemos culpar al que no quiera laboral con esas condiciones”, afirmó.

Indicó que la aprobación a nivel federal de un crédito por el ingreso devengado que se reclamaría en la planilla de contribución sobre ingresos podría servir de incentivo para los empleados de la construcción.

Pero no mencionó otras medidas para garantizar un salario justo a los obreros como una orden ejecutiva del pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares que aumentaba el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción en Puerto Rico a $15 la hora para contrataciones