Trascendió hoy en medio de la pesquisa que realiza la Cámara de Representantes.

La secretaria auxiliar para Salud Ambiental, Laboratorio de Salud Pública y Bio Seguridad del Departamento de Salud (DS), Mayra Toro, bajo juramento, confirmó que la exsecretaria de Salud, doctora Concepción Quiñones de Longo fue ordenada por la ayudante de la Gobernadora, Marisol Blasco para que firmara en 20 minutos una orden de compra de pruebas COVID-19.

Sus declaraciones implican a la ayudante de la mandataria, Wanda Vázquez Garced, lo que a su vez pone bajo la lupa versiones anteriores de la gobernadora, que alegó en conferencia de prensa no tener conocimiento sobre las movidas en DS para comparar pruebas que detectan coronavirus.

“Hubo una llamada que fue con relación a las compras de unas pruebas”, dijo Toro ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que realiza una pesquisa sobre la compra de pruebas para detectar coronavirus.

“¿Qué se discutió ahí con esas pruebas?”, preguntó el presidente de esa Comisión, Juan Oscar Morales.

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“A mi mayor recuerdo yo estaba un poco distante dentro de la oficina del secretario, la doctora (Concepción Quiñones de Longo) estaba sentada en la mesa de reunión y yo me encontraba enviando unos emails en el escritorio así que, estaba un poco distante. En esa reunión se estaba discutiendo, en esa llamada, vamos a decir, en esa llamada lo que se discutió era la orden de compra de las 200 mil pruebas rápidas. Se había determinado que esas pruebas rápidas se iban a distribuir a laboratorios y a hospitales”, dijo la deponente.

“¿Y por qué Marisol Blasco (ayudante de la gobernadora) y Segundo Rodríguez (director del Task Force Médico) estaban en medio de un conference (call) discutiendo?”, preguntó Morales.

“En esa llamada de Blasco, entiendo que el señor Rodríguez no estaba porque fue a un teléfono personal que llamaron”, respondió.

“¿En esa llamada fue que le dieron 20 minutos a la doctora Quiñones de Longo para que firmara una orden de compra?”, preguntó el presidente de la Comisión.

“Entiendo que si porque, en un momento dado, la doctora Longo lo expresó en voz alta”, contestó Toro.

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Toro mencionó también que la orden de compra correspondía a 200,000 pruebas rápidas para detectar COVID-19. El gobierno compró esa cifra a la compañía estadounidense Maitland 175, a un costo de 5.2 millones de dólares a razón de 26 dólares por unidad.

La movida culminó con la renuncia de la entonces secretaria interina del DS, Concepción Quiñones de Longo, quien dejó la agencia el 26 de marzo y ha participado de la pesquisa que realiza la Cámara de Representantes, entre otras cosas, denunciando la exigencia que hoy confirmó Toro en su testimonio.

Esa compra efectuó antes de la contratación a APEX General Contractor para suplir un millón de pruebas de coronavirus. El Gobierno de Puerto Rico encargó un millón de pruebas a APEX, una firma que no tenía experiencia médica previa y que se destacaba en el área de construcción. El contrato, que culminó cancelándose, era por $38 millones, y se efectuó un adelanto de $19 millones que luego la empresa devolvió al Departamento de Hacienda (DH).

Aunque la versión oficial apunta a que la contratación de la empresa se canceló por incumplimiento, al no entregar las pruebas rápidas en la fecha acordada, el 31 de marzo, reportes de prensa apuntan a que APEX no pudo cumplir con el requerimiento de la isla luego de que sus cuentas fueran congeladas.

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La Cámara de Representantes efectúa una pesquisa sobre esa transacción. Mientras, la Junta de Control Fiscal (JCF) llamó a capítulo a la Gobernadora y le solicitó la entrega inmediata de documentos y testimonios que explicaran la fallida transacción. El requerimiento de la Junta se hizo bajo una misiva que firmó la pasada semana la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.

Esa transacción fue catalogada, más temprano, por la jefa interina de compras del DS, Diana Meléndez Díaz, como una “irregular”.

“Al parecer fue irregular”, dijo Meléndez Díaz cuando se le cuestionó en la vista ejecutiva de la Cámara de Representantes.