Alberto Velázquez Piñol, el consultor de la firma BDO Puerto Rico que servía de autoridad en la Administración de Seguros de Salud (ASES) estuvo involucrado en varias controversias durante la administración de Luis Fortuño, que incluyen pagos de gastos personales con fondos públicos, demandas por alegado fraude y resoluciones legislativas de investigación, entre otros.

En documentos oficiales, figura como ‘consultor de Asuntos Intergubernamentales’ en BDO pero ostentaba autoridad en ASES al punto que dos fuentes de la industria de la salud desconocían que era un consultor externo y lo tenían como miembro de la plantilla de la directora ejecutiva de la agencia, Ángela Ávila, a quienes agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) visitaron en su casa el 1 de mayo pasado con relación a la pesquisa.

Las fuentes han indicado que Velázquez Piñol es una de las personas que han llamado la atención de los investigadores federales que examinan las intervenciones de BDO en al menos los departamentos de Educación, Hacienda y en ASES.

Ni la funcionaria, ni la empresa BDO, ni el propio Velázquez Piñol accedieron a solicitudes de entrevista para esta historia sobre las funciones, o permanencia, en BDO del consultor o sobre la investigación en curso.

Aunque oculto, Velázquez Piñol no es un desconocido en las lides gubernamentales. Su nombre trascendió desde la administración de Luis Fortuño, cuando fue designado el 10 de febrero de 2009 para dirigir la oficina del Banco Gubernamental de Fomento en Nueva York devengando $150,000 anuales. Posteriormente, Fortuño lo reclutó para dirigir un grupo de trabajo en el Departamento de Educación ya que esa agencia se encontraba en sindicatura por el Departamento de Educación federal.

Aunque era empleado del BGF, fungió incluso como subsecretario de Administración del DE, una movida que hace eco a la opción de la Administración Rosselló de colocar a una contratista, Julia Keleher, como secretaria del DE.

Velázquez Piñol estuvo en el ojo público en septiembre de 2010 cuando trascendió que además de su salario de $150,000 tambien se pagaban con fondos públicos los gastos de viajes semanales a Nueva York, donde residía. El asunto fue objeto de una resolución de investigación referida a la Comisión de Integridad Pública de la Cámara de Representantes en ese cuatrienio y que la mayoría novoprogresista dejó morir en la gaveta sin actuación alguna.

En aquel momento, Fortuño defendió vehementemente a Velázquez Piñol, quien fue el segundo al mando de la Compañía de Turismo cuando Fortuño la dirigió durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló. Aunque el entonces Gobernador adjudicó al trabajo del grupo de Velázquez Piñol el que Educación federal sacara a la agencia educativa estatal en verano de 2011 de una sindicatura en la que había sido colocada en 2004, la gestión administrativa del consultor quedó en entredicho seis meses despues, cuando dos informes federales señalaron serias deficiencias en el sistema de contratación de la agencia y falta de fiscalización en el manejo de $1,300 millones en fondos ARRA.

En diciembre de 2011, los inspectores de Educación federal calificaron al sistema de contratación de la agencia como un ‘vehículo de alto riesgo’, tras hallar falta de documentación, falta de reglas para otorgarlos, pagos por encima de lo que disponen, vulnerabilidad a que los suplidores presionen a los empleados que manejan los pagos, pagos sin contrato, y discrepancia multimillonaria entre los pagos que refleja un sistema y los que reflejan otros.

Luego de sus funciones en el DE, el consultor pasó a manejar otra sindicatura. En esta ocasión fue designado a formar parte del comite del BGF que puso en sindicatura a ASES debido a los problemas financieros que enfrentaba.

El anuncio de esa sindicatura, a cargo del entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, en julio de 2011, se dio en momentos en que se negociaban las nuevas tarifas económicas del Plan de Salud del Gobierno. Precisamente, sus funciones recientes en ASES bajo el escrutinio federal conllevaron involucrarse en la más reciente adjudicación de los contratos para el Plan Vital, nuevo nombre del plan de salud público, y para el proyecto de transformación del nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno.

Antes de su desempeño en la Administración Fortuño, el consultor fue ejecutivo de Casiano Communications y en 2014, en una entrevista con NotiCel, el presidente de la empresa, Manuel Casiano Asencio, adjudicó la quiebra de la compañía al mal manejo de finanzas que hubo bajo la dirección de Velázquez Piñol. De hecho, Casiano sometió una demanda contra su exejecutivo por fraude, un caso que concluyó con estipulaciones confidenciales entre las partes.

Despues de la gobernación de Fortuño, Velázquez Piñol creó la empresa Azur LLC, bajo la cual solo aparece con un contrato público registrado en la Oficina del Contralor, con el Municipio de Ponce, que tendría vigencia por los primeros seis meses de 2014 y que tenía un tope de $115,000 pero que parece haber sido cancelado.

Su expediente público, en el cual se autodescribe como una persona que trabaja ‘siempre con la mayor diplomacia y profesionalismo’, no denota que trabajos realizó durante esos años en el sector privado, pero su regreso a la vida pública ocurrió en agosto de 2017, cuando el hoy gobernador Ricardo Rosselló lo nombró parte de un subgrupo de trabajo para cabildear en Washington para allegar fondos federales de salud como parte de la iniciativa del Frente por Puerto Rico.

En ese momento, y ya funcionando a traves de BDO, figuraba como asesor del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Con BDO, aparece como parte del equipo de esa firma encargado de liderar la transformación del área de Salud en los planes de transformación que la Administración Rosselló sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF). En las facturas de los abogados del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, aparecen consultas hechas a Velázquez Piñol para temas de gastos de salud y proyecciones en esa área.

Una fuente dijo que a principios de este año, de un día para otro, se le dejó de ver en las oficinas y operaciones de ASES. El secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero del Gobierno, Raúl Maldonado Gautier, dijo que comenzó a cancelar contratos con BDO el 10 de mayo pasado, como resultado de los requerimientos de información de las agencias federales. Esto implica que el Gobierno conocía de las investigaciones por lo menos hace unos 40 días, aunque no fue hasta ayer que se anunciaron las cancelaciones de contrato, cuando se conoció públicamente de la pesquisa.

‘(Hubo) múltiples requerimientos a distintas agencias en el mismo tiempo’, fue como describió la acción federal el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi.