Presidente del gremio reaccionó a recientes declaraciones de la secretaria de Corrección quien según ellos «ha buscado responsabilizar a otros sin haber terminado la investigación» sobre el excarcelamiento del convicto asesino.

La Unión Nacional de los Empleados Civiles del Departamento y la Administración de Corrección (UNECADC), afiliada a UGT SEIU/1199, aclaró en un comunicado enviado a los medios hoy, que los técnicos sociopenales «no son responsables de la liberación de Hermes Ávila Vázquez».

El parte de prensa, firmado por el presidente del gremio, Daniel López Torres, surgió en respuesta, según ellos, de las recientes declaraciones de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, quien según ellos «ha buscado responsabilizar a otros sin haber terminado la investigación».

«Cada técnico de servicios sociopenales cumplió rigurosamente con sus deberes, siguiendo los procesos establecidos por Corrección y brindando la supervisión necesaria en la comunidad. Es importante destacar que ningún técnico de servicios sociopenales tiene la autoridad para ordenar excarcelaciones, una decisión que recae en un panel médico y es asumida por Corrección», expresó López Torres.

López Torres dijo que los sociopenales manejaron el caso de manera adecuada, siguiendo los protocolos estándar para los casos asignados y subrayó la necesidad de más personal en el Departamento de Corrección para cumplir con las diversas tareas, incluida la supervisión de individuos en la comunidad.

Por otra parte, insistió en que en los pasados años han denunciado la situación del Departamento de Corrección en cuanto a la necesidad de empleados.

«Es importante señalar que las tareas que realizan dichos empleados son múltiples y no se limitan a manejar los casos y brindar servicios directos en las instituciones. En los Programas de Comunidad, se supervisan individuos que están cumpliendo sentencias en la libre comunidad bajo diferentes privilegios. Estos incluyen investigar casos referidos por todos los Tribunales de Puerto Rico, la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Oficina de La Fortaleza. Actualmente, hay cerca de 5,200 participantes que se benefician de diferentes privilegios en la libre comunidad. Estos son supervisados en los Programas de Comunidad que solo cuentan con unos 129 técnicos de servicios sociopenales asignados a esas oficinas en todo Puerto Rico, evidenciando la falta de este personal en la agencia, agregó.

López Torres también señaló que el presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez, está activamente siguiendo el desarrollo de esta investigación y estará interviniendo a nivel administrativo en defensa de los empleados que representan.