La funcionaria se desempeña como coordinadora de movilización de la campaña de su jefe y ahora tiene que pasar juicio sobre el desempeño de Physician Correctional, cuyo presidente es donante de Pedro Pierluisi.

El gobernador Pedro PIerluisi rechazó tajantemente esta mañana que no sea capaz de fiscalizar la labor que realiza su subordinada secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, quien también ocupa una posición clave en su campaña de reelección.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está bajo fuego con cuestionamientos desde diversos flancos. Un convicto asesino mató a una segunda mujer este pasado fin de semana al ser liberado en circunstancias irregulares, esto mientras la agencia se niega a entregar información a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el contexto de la pesquisa que realiza esta dependencia sobre el asesinato de una mujer a manos de otro exconvicto.

Mientras, surgen dudas sobre irregularidades en múltiples ascensos de figuras que supuestamente no pasaron el examen requerido.

“NO. La contestación es que no representa un conflicto de interés el que alguien que esté laborando en mi administración, la administración que yo dirijo y esté activamente buscando o apoyando mi reelección, al extremo que sea, salvo horas laborales”, dijo Pierluisi.

Escobar es una ardiente seguidora del Partido Nuevo Progresista y suele participar en actividad de dicha colectividad.

“La contestación es que no”, insistió Pierluisi. “Si algún membro de mi gabinete no está dando el grado y no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, no me va a temblar el pulso”.

Actualmente el DCR realiza una investigación administrativa en relación a la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, sospechoso de haber matado a Yvette Joan Meléndez Vega. El hombre aparentemente le tomó el pelo al panel médico de la privatizadora Physician Correctional y a funcionarios del DCR haciéndoles creer que sufría una enfermedad terminal.

Sin embargo, la pesquisa que realiza Escobar está centrada en una empresa también ligada políticamente a Pierluisi ya que Physician Correctional le ha hecho donativos a la campaña del gobernador.

Pierluisi dijo que Escobar no es la única integrante de su gabinete envuelta en la campaña, que debe sorprender que eso ocurra y también dijo que la funcionaria ha hecho una labor “ejemplar”.

“El resultado de esa investigación administrativa va a llegar a manos del Departamento de Justicia y será el Departamento de Justicia el que decide si hay que procesar a alguien en los tribunales”, dijo el gobernador al revelar que Escobar ha ordenado que todos los convictos que disfrutan de pases extendidos al amparo de la Ley 25 que protege confinados con condiciones terminales tienen que utilizar grillete.

No es la primera vez que Physician Correctional ha estado bajo fuego. El martes, el senador independiente José Vargas Vidot le solicitó a La Fortaleza que cancele el contrato de Physician Correctional. El legislador de segundo turno sostuvo que la presunta ineficacia de la empresa no es nueva y que una investigación que él realizara en el Senado demostró que la empresa cometió fallas en el contexto de la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce en el 2022, quien se ahorcó en su celda. Una de las recomendaciones de la comisión que presidente Vargas Vidot fue que no se renovara el contrato a la compañía.

“Eso no tiene nada que ver”, le dijo Pierluisi a un periodista cuando se le preguntó si se tomó en cuenta que son donantes de su campaña cuando se decidió renovarles el contrato. “Los donativos políticos, hay libertad de expresión… no es una carta de protección y no lo será”.