Un examen del Área de Preintervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reveló pagos indebidos de nóminas, ausencia de controles en el registro de asistencia, reglamentación no actualizada y deficiencias en los expedientes de personal de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).
La OIG publicó el resultado de la intervención, que cubrió el período del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2022, identificó aproximadamente $73,122.37 en costos cuestionables o desembolsados contrarios a las normativas evaluadas.
El primer hallazgo del informe de la OIG arrojó que los empleados recibieron pagos indebidos de nómina ascendentes a $14,952.01. Los registros de asistencia analizados por la OIG reflejaron que las horas que faltaban para completar la jornada laboral no se cargaron a alguna licencia o asunto oficial autorizado. No obstante, las quincenas de sus nóminas fueron pagadas de manera completa.
El segundo hallazgo sostuvo que la falta de formularios para autorizar ausencias y trabajo remoto resultó en que no se sustente el pago total de nómina efectuado por $58,170.36. La falta del formulario provocó que los empleados de la muestra evaluada no pudiesen entregarlo con la justificación y aprobación de horas por ausencia o trabajo remoto.
El examen reveló como tercer hallazgo que el Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos de la JLBP no había sido actualizado desde el 2008 para incorporar la legislación laboral vigente. Además, el cuarto hallazgo del informe resaltó deficiencias en los expedientes de personal.
En relación con el hallazgo sobre los expedientes de personal, se señaló la ausencia de evaluaciones de desempeño, descripciones de puestos y otros documentos necesarios en un expediente completo de personal.
La OIG emitió unas recomendaciones a la JLBP para que proceda con una análisis y ajuste de las horas no trabajadas e inicie el recobro de cualquier pago indebido de nómina. Se le proveyó a la JLBP 90 días para que presente los resultados de las gestiones realizadas tras el informe.
También se les proporcionó 180 días para revisar y actualizar el Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos de la JLBP.
Este informe surgió tras un planteamiento de un funcionario de la JLBP para que la OIG auditara los registros de asistencia de la entidad.
Lea el informe completo de la OIG aquí:
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