Editorial de NotiCel.

Sí, lo que tuvimos con la certificación de los planes fiscales no fue un salto al vacío, fue un empujón.

Un salto es un acto voluntario, la voluntariedad implica conciencia y la conciencia requiere conocimiento y comprensión. Y suficiente conocimiento de las bases de esos planes es lo que el pueblo no tuvo, y no tiene todavía. Por eso, lo que nos dieron la Junta de Control Fiscal y la Administración Rosselló, ambos, fue un empujón al vacío.

Muchos pixeles y mucho grito en megáfonos se han gastado en resaltar que la Junta fue impuesta sin que mediara el voto de los puertorriqueños, algo nada liviano. Pero, ¿nos fue mejor en este proceso con el Gobernador y la Asamblea Legislativa por los cuales sí votamos?

Cuando el Gobernador sometió su plan, ¿que esfuerzos hicieron el o los representantes electos del pueblo para defender las bases científicas de su propuesta y para explicar al público, en aras de levantar consentimiento, cómo las estrategias allí contenidas eran las correctas para sacarnos del proceso de quiebra de la manera más efectiva y rápida posible?

Si hiriente es que los puertorriqueños no hayan votado por la Junta ni por los que la impusieron. Más brutalmente antidemocrático es que todos los involucrados, la Junta y nuestros representantes electos, están llegando a conclusiones y tomando decisiones con absoluto menosprecio al consentimiento del pueblo, que es el que va a sufrir la implementación de un plan, que más que plan fiscal es una sentencia.

El gobernador Ricardo Rosselló, quien está hace rato operando bajo un plan mediático para preservar su imagen política en vez de descargar sus responsabilidades como representante máximo del pueblo de Puerto Rico, utilizó el voto en contra de la miembro de la Junta, Ana Matosantos, para decir que lo certificado era un #PlanSinConsenso. Pero, y el plan que el sometió… ¿quien lo había consentido? Ese diálogo social nunca ocurrió.

Recordemos que el Gobernador sometió estos planes, y la Junta los aprobó con sólo algunas alteraciones, aunque llevamos desde 2015 sin estados financieros auditados para el Gobierno de Puerto Rico, lo cual reduce el contenido de los planes a ‘wishful thinking’ y encantamientos.

Encima de eso, los planes fueron sometidos, y certificados, sin que nadie definiera oficialmente cuáles son los ‘servicios esenciales’ que hay que preservar en un proceso de quiebra. Tampoco ninguna de las dos partes estableció convincentemente cómo los planes abonarán a la reactivación del desarrollo económico en la Isla.

Peor aún, los planes fueron sometidos y certificados tambien sin que el Gobierno ni la Junta rindieran cuentas sobre el proceso de negociación con los acreedores y cuáles son los tranques o las oportunidades.

Se impone tambien decir que el pueblo se ha dejado marginar en este proceso. No le hemos prestado, como colectivo, suficiente atención a este proceso en el que nos va la vida.

Y no nos referimos a ‘tomar la calle’ porque eso ha demostrado ser un llamado esteril en el Puerto Rico de hoy y tambien ha resultado ser una estrategia inefectiva en otras sociedades que han enfrentado este tipo de intervención.

Hablamos de ocupar los foros de manera eficiente. No se ha registrado asistencia amplia a las reuniones de la Junta, no se ha cuajado un cabildeo efectivo en el Congreso y la Junta no ha enfrentado suficiente oposición inteligente en el caso de quiebra de parte de sectores que esten representando los intereses del pueblo, en vez de intereses particulares.

Nosotros mismos no nos eximimos del análisis.

Los medios de comunicación tenemos la obligación etica de cuestionar. Rendir ese deber es una traición. La certificación de estos planes hace más urgente y más constante esa obligación.

El que no ha perdido su norte, no tiene que buscar nuevas rutas para cumplir con su deber. No podemos hacer como el cobito, que al mínimo empujón, se repliega en su concha hasta que pase el peligro.

Al pueblo no se le puede pedir que rinda su razón sin que tengamos claridad sobre cuáles son los fundamentos de lo decidido y cómo lo decidido es la mejor alternativa. Sin esto, lo que estaría dominando no sería la razón, sino la improvisación que, precisamente, nos ha traído hasta el predicamento actual. No se le puede pedir a la gente que, como el cobito, se repliegue a un proceso intransparente que ha estado más lleno de humo que de concreción.

La certificación de estos planes no es el final de nada, es el principio del mayor período de responsabilidad que le ha tocado al pueblo de Puerto Rico, la responsabilidad de activarse, de ser vigilante de todo lo que ocurre con estos planes y el proceso de quiebra. El que vive, y piensa seguir viviendo, en este terruño, no tiene hoy llamado más urgente que este.