En los próximos dos meses, el tribunal tendrá que decidir si extiende paralización de litigios, si desestima la quiebra o si concede a los bonistas la designación de un síndico.

El equipo de mediación que ha tratado de conseguir una solución consensuada desde abril de 2022 a la confrontación entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó ayer que no ve posibilidad de que eso se pueda lograr.

El informe que sometieron a la jueza Laura Taylor Swain deja claro que seguirán disponibles por si se puede lograr una conversación, pero su expresión sobre la falta de esperanza en ese proceso es la más directa y tajante que han hecho hasta ahora.

“El Equipo de Mediación cree que simplemente no hay posibilidad para una resolución mediada o consensuada aquí, y que un resultado litigado está a años luz. Esto es nada menos que una tragedia para el pueblo de Puerto Rico”, dijeron los integrantes del equipo, la exjueza Shelley C. Chapman y el juez de quiebras Brendan L. Shannon.

La llegada de una nueva administración en el gobierno de Puerto Rico y la pesquisa que ordenó el Negociado de Energía (NE) sobre el efecto de la operación de LUMA Energy en las finanzas de la AEE podrían cambiar el panorama de mediación, señalaron. Pero otros dos elementos, la falta de un plan fiscal nuevo para la AEE y la continuación de litigio en el Primer Circuito de Apelaciones sobre el tipo de garantía que tienen los bonistas, parecen haber atrincherado más a las partes.

La afirmación del equipo de mediación cae en momentos en que el caso de quiebra de la AEE tiene todos los elementos de una recta final.

La quiebra de esa corporación pública es la más antigua relacionada con el gobierno de Puerto Rico y ya todas las demás están resueltas con reestructuración de las respectivas deudas. En julio pasado, ante otro impasse en la mediación, la jueza empujó a las partes a que probaran que Chapman se equivocaba cuando decía que la mediación no se estaba moviendo.

“Se necesita movimiento para resolver esto… Movimiento, y que todo el mundo crea que todo el mundo se ha movido apropiadamente, es necesario para resolver esto”, dijo la jueza. Después de eso, según el equipo, “ha habido amagues (pero) se ha hecho claro que ninguno de los lados está dispuesto a comprometerse de ninguna forma significativa”. Chapman precisó que trabajó unas 18 horas en la mediación durante todo el mes de noviembre.

La jueza Swain también extendió la paralización de litigios, el “stay” hace posible el proceso de quiebra, hasta el 31 de enero de 2025, misma fecha de vigencia del término del equipo de mediación. Una semana después de eso, 5 de febrero, está pautada la vista, muchas veces pospuesta, para considerar la petición de los bonistas para suspender la paralización y que se les permita ejercer su derecho de designar a un síndico que dirija la AEE orientada hacia pagarles toda su deuda.

La controversia sobre la cantidad de esa deuda es lo único que se ha desarrollado significativamente en el último año. Swain llegó a determinar que lo más que podrían cobrar los bonistas eran $2,400 millones de los aproximadamente $8,500 millones que reclaman como deuda total. Los bonistas apelaron y el Primer Circuito revocó y dijo que tienen derecho a los $8,500 millones. Los detalles de esa decisión todavía se están litigando en ese foro, pero la respuesta permanente de la Junta ha sido que una cosa es a lo que los bonistas tengan derecho y otra es la realidad de cuánto genera la operación de la AEE y de, a raíz de eso, cuánto se le puede repagar.

Sobre eso, en un informe que sometieron ayer para una vista que hay el miércoles, la JSF adelantó a la jueza que tienen la intención de aprobar un plan fiscal nuevo para la corporación pública a más tardar fin de año. A la vez, el ente fiscal convocó para una reunión pública para el mismo miércoles en donde podría, en efecto, aprobar ese plan. Según adelanta el informe, el plan tendría un análisis sobre capacidad de pago de la deuda que va a tomar en cuenta datos de LUMA sobre los abonados e información reciente del Censo sobre facturas eléctricas y mediana de ingresos en la isla.

El documento adelanta una controversia adicional que se le va a presentar al tribunal: aclarar si la reclamación de $8,000 millones del fideicomisario de la AEE es atribuible al gobierno central porque, como no está claro, se tiene que mantener una reserva por esa misma cantidad que impide al gobierno pagar las deudas que pactaron en su plan de ajuste.

Vea:

Apelativo federal reafirma bonistas AEE tienen derecho a cobrar toda su deuda