La prolongación del contrato suplementario entre la privatizadora y el gobierno comenzará a regir hoy y tiene varios puntos relevantes. Aquí te los informamos.

La extensión del contrario supletorio de LUMA Energy, la privatizadora que está a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país hace 18 meses, comenzará a regir hoy.

La decisión se da a raíz de que el contrato temporero de 18 meses vencía ayer y se necesitaba definir los nuevos términos del vínculo entre la cuestionada empresa y el gobierno.

Debido a que la AEE no ha logrado salir de la quiebra, una de las condiciones para que comenzara a regir el contrato definitivo a 15 años, se decidió extender el contrato transitorio.

A continuación, te ofrecemos diez puntos clave del contrato provisional:

1. La extensión del contrato suplementario se logró tras una votación de la junta directiva de la AAPP que tuvo tres votos a favor y dos abstenciones de los representantes del interés público y, también, de la Cámara y Senado.

2. La decisión de extender el contrato transitorio podría ser cuestionada en tribunales debido a que supuestamente la votación debió hacerse bajo la Ley 120 de 2018 y no tomando en consideración la Ley 29 de 2009.

3. El contrato temporero continuará vigente hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga de la quiebra.

4. El futuro del contrato suplementario ahora tiene dos caminos: esperar que el tribunal apruebe el plan de ajuste o que se desestime la petición de quiebra, lo que conllevaría el nombramiento de un síndico.

5. Los términos del acuerdo del gobierno con LUMA Energy y la compensación a la privatizadora se mantendrán igual.

6. La empresa, que hasta ayer había cobrado $115 millones de dólares, para el próximo año se beneficiará de un “ajuste”, estipulado en el contrato, que aumenta a $122 millones el dinero que recibirá.

7. El contrato supletorio mantiene la opción de cancelar el contrato con LUMA Energy si la compañía “incumple” con las condiciones que se han establecido, como las métricas que se le han requerido.

8. Sobre la posibilidad de una cancelación, implicaría el desembolso, por parte del gobierno, de entre $300 y $600 millones de dólares.

9. El Negociado de Energía mantiene la facultad de establecer esas métricas e imponer multas.

10. El contrato temporero conlleva la continuación, por un tiempo indeterminado (ya que no se sabe cuándo la AEE saldrá de la quiebra) de LUMA Energy en el país.